La investigación fue impulsada en 2010 por abogados querellantes y pidieron extender la investigación a las responsabilidades de un grupo de jueces, fiscales, secretarios de juzgados y defensores oficiales de la época.
Se investiga el asesinato de más de 30 presos políticos en 1976 en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) y otros crímenes del terrorismo de Estado en Córdoba.
Algunos testigos de ese juicio identificaron a Rueda como uno de los participantes en interrogatorios a los presos políticos durante la dictadura cívico militar.
“Hay que investigar, recolectar pruebas y ver si la acción de este funcionario, en aquel momento con cargos menores, tuvo algún desempeño irregular que podría encuadrarse dentro de alguna figura delictiva”, dijo Rueda.