El 23 de enero de 1974 un grupo de cooperativistas de Armstrong viajaban a bordo de un Torino rojizo hacia Colonia Caroya para averiguar más sobre el funcionamiento de un supermercado, experiencia que querían trasladar a su pueblo.
Pero la mala suerte, o mejor dicho, un grupo de policías de la provincia de Córdoba se interpuso en su camino. Cerca de la localidad de Laguna Larga, sobre la ruta 9, dos grupos de policías los esperaban parapetados en la banquina para dispararles a mansalva. La carrocería recibió nada menos que 72 impactos. Ante la lluvia de balas, el auto perdió el control y se estrelló fuera del camino. Quienes sobrevivieron, fueron ejecutados de un tiro en la cabeza. Lo señalaron los testigos y lo confirmaron las pericias.
Todo comenzó con una confusión. Un grupo de cinco policías federales habían viajado a realizar un operativo en un auto parecido, un Falcon bordó, a la localidad de Río Segundo por orden de un juez federal de Córdoba. Alguien los vio con armas y tuvieron que dar explicaciones en la comisaría local.
Sin embargo, lo que parecía ser una confusión con una célula subversiva, parece no haber sido tal. Como investigó La Voz hace unos años, todo indica que habría existido una orden de ejecutar a los efectivos federales como parte de una estrategia política que desembocó, unas semanas después, en el Navarrazo, el golpe del jefe de la policía provincial Antonio Navarro que derrocó al gobernador Obregón Cano.
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Por error, los acribillados fueron los cooperativistas, como descubrieron los asesinos poco después. Ante esto, buscaron simular un enfrentamiento con guerrilleros: se sacaron las patentes del auto baleado, se plantaron armas y mechas, se destruyó y escondió la documentación de las víctimas, se llevaron del lugar los cuerpos rápidamente, se presionó a testigos.
El caso quedó en manos del juez de feria Carlos Hairabedián que investigó el tema, viajó al lugar del hecho y, según declaró después, nunca les creyó a los policías. Cuando terminó la feria, el caso pasó a otro juez donde también se avanzó, pero todo cambió cuando llegaron las nuevas autoridades provinciales.
El juicio terminó el año siguiente y fue indignante: el fiscal responsabilizó parcialmente a las víctimas y solo acusó levemente a los policías. Finalmente, el tribunal condenó a 1 año de prisión a 12 policías y absolvió a otro. Ni siquiera fueron obligados a dejar la fuerza y quedaron en libertad de inmediato o a las pocas horas.
El juez Hairabedián sufrió un atentado y tiempo después fue encarcelado. El perito policial de Santa Fe que había confirmado que había habido ejecuciones, debió abandonar el país. El presidente de la cámara que encabezó el juicio, en cambio, pasó a integrar el Tribunal Superior de Justica de Córdoba.
La larga noche se instalaba sobre la Argentina.
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