Por primera vez después de casi dos años de investigación, la enfermera Brenda Agüero, acusada de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal, el exministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, y la exdirectora Liliana Asís, se verán las caras en un juicio oral y público con jurados populares que los tendrá sentados en el banquillo de los acusados.
El fiscal Raúl Garzón, que llevó adelante la investigación, sostuvo en Noticiero Doce que Cardozo y Asís ocultaron lo que estaba pasando, ya que el primer hecho se registró el 18 de marzo y el último en junio de ese año y recién en julio, donde ya el Ministerio de Salud había desplazado por sospechas a la enfermera, comenzó la investigación a partir de que un ciudadano formuló la denuncia.
En ese sentido, el funcionario judicial planteó, con todas las pruebas recabadas en este tiempo, que a partir de un “derrotero de casos que se iban presentando con mucha notoriedad, donde había marcas elocuentes de que se los estaba agrediendo y causando esas descompensaciones” no acudieron a la Justicia a tiempo.
“Eran sucesivas luces de alarma y ante esa inacción y evidencias claras y categóricas que movieron a señoras jefas de departamento y de los servicios especiales a anunciarles y decirles ‘señores directores acá pasa algo, hagan algo’, y aún cuando ellas no lo hubieran hecho y son motivo de algún reproche penal, estaban llamando la atención y también empleados del hospital y no habían pasado 13 casos cuando decían esto. Hasta que llegamos al desenlace final y tampoco acudieron rápidamente a la Justicia”, cuestionó.
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Garzón remarcó que son categóricas las pruebas contra Agüero de que varios bebés, a quienes se les pudo realizar la autopsia a tiempo, fallecieron por una aplicación externa de potasio o de insulina. Y lo mismo expresó sobre la responsabilidad que pesa sobre el exministro de Salud y la exdirectora ante los sucesivos hechos, quienes están imputados por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público y por encubrimiento agravado, falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento por el hecho precedente (homicidios en serie), respectivamente.
Ante la consulta de Petete Martínez acerca de si los funcionarios “ocultaron” lo que estaba pasando, el fiscal fue contundente: “El conocimiento lo tuvieron y la vitamina K como primer factor de sospecha había sido descartada tempranamente”.
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“Entonces si usted tiene cuadros donde se sospecha que fue por la vitamina K, se descarta pero siguió con el bebé fallecido y sin saber por qué y después se le suma otro, ¿va a seguir pensando que era la vitamina K cuando no daba ninguna complicación utilizando los mismos lotes en todos los hospitales de la provincia de Córdoba?”, apuntó.
Por eso, Raúl Garzón consideró que eso “no es excusa suficiente como para descuidar la búsqueda verdadera de las causas que estaba sucediendo que era que estaban matando a las criaturitas”.
Un único juicio
La enfermera Brenda Agüero, otros trabajadores del Hospital Materno Neonatal, como funcionarios del centro de salud y del Gobierno provincial serán juzgados en un debate oral y público con jurados populares luego de que el juez de Control, Fernández López, rechazara las apelaciones presentadas por los 11 imputados en el caso y lo elevara a juicio.
Garzón defendió que sea un único juicio porque “esta causa tuvo un signo característico más allá de lo trágico fue esta cadena de ocultamiento” y subrayó la importancia de que a las personas acusadas les sea resuelta su situación, saber si son culpables o inocentes, y porque las familias de los bebés fallecidos y que sobrevivieron deben tener una respuesta.
“El proceso penal, los juicios, están destinados a una doble satisfacción de lo que son los intereses que están en pugna. Esta es una causa de alta complejidad porque además de a las madres interesa a la sociedad y al país”, expuso.
