La detención del empresario Alicio Dagatti (60) se produjo en diciembre pasado en el marco de una causa por ingreso de celulares, drogas y alcohol a las cárceles de Córdoba a través de cargamentos de carne enviados desde uno de los frigoríficos de su propiedad.
Su situación hay que enmarcarla en la megainvestigación de corrupción en el Servicio Penitenciario provincial que en diciembre de 2023 derivó en la detención de la cúpula de ese organismo, entre ellos el jefe Juan María Bouvier.
El caso de Dagatti se originó cuando un camión proveedor de carne fue interceptado durante la Navidad de 2023 mientras ingresaba a Bouwer con estupefacientes, celulares y bebidas alcohólicas. Un año más tarde se ordenó la detención del empresario en Río Cuarto.
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Está imputado como jefe de una asociación ilícita y permanece arrestado junto a su hijo Ignacio Dagatti (29), el empleado Luis María Mina (48), el transportista Maximiliano Gastón Irusta (23) y el guardiacárcel Ramón Alexis Farías.
En Telenoche advirtieron que pese a estar preso, Dagatti siguió ganando licitaciones como proveedor de carne para el Servicio Penitenciario. El empresario es dueño de los frigoríficos Livorno, Arezzo y Agropecuaria Transur, además de varios medios de comunicación de Río Cuarto y presidente del club Estudiantes de esa ciudad.
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La semana pasada el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, dictó la prisión preventiva para los imputados. No obstante el abogado defensor de Dagatti, Matías Pueyrredón, le reclamó al Juzgado de Control la excarcelación de su cliente a partir de una resolución de la Cámara de Acusación que consideró nulas las actuaciones desde el momento de la detención.
Por su parte, Gavier aseguró en Mitre 810 que el empresario riocuartense encabezaba un “mecanismo muy bien aceitado” para el ingreso de elementos prohibidos a la cárcel.
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El funcionario sostuvo que Dagatti se encargaba de reclutar, instruir y pagar cuantiosas sumas de dinero a empleados suyos y transportistas para llevar adelante las maniobras delictivas.
A su vez Gavier habló de la existencia de un “cogobierno” entre la organización del empresario y personal del Servicio Penitenciario. Para el fiscal, el ingreso de celulares era fundamental para la comisión de fraudes telefónicos mediante los llamados “call center tumberos”, mientras que la droga estaba destinada a ser comercializada intramuros.
Carne no apta
En la entrevista radial aseguró que a los camioneros les pagaban hasta un millón de pesos para entrar los elementos clandestinos a las cárceles. Por otra parte, manifestó que se “vendía y entregaba carne no apta para el consumo humano a los establecimientos carcelarios, falsificando certificados del Ministerio de Agricultura y falsificando documentación del Senasa”.
Desde la fiscalía advirtieron que la investigación continúa en pleno desarrollo. Días atrás La Voz informó nuevos allanamientos, uno de ellos en el frigorífico Livorno ubicado en Las Higueras.
