Valentina Olguín quedó envuelta en un verdadero escándalo en las últimas horas. La famosa cantante está acusada de utilizar los CUIT de cinco gobernadores del país para comprar ropa en el exterior y revenderla dentro de la Argentina.
El caso salió a la luz cuando el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió un correo electrónico sobre una compra internacional que no había realizado, a fines de 2024. Ante esta situación, presentó una denuncia que dio comienzo a la investigación a cargo del fiscal Agustín Chit.
Lo curioso fue que a los pocos días se sumaron más gobernadores como víctimas del mismo delito. Se trataba de Axel Kicillof, de Buenos Aires; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Claudio Poggi, de San Luis.
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Los investigadores de la Justicia Federal de Tucumán llegaron a Valentina Olguín. La santiagueña primero se justificó asegurando que había superado su propio cupo de compras al exterior y que obtenía la información fiscal de Internet.
Sin embargo, el fiscal Chuit considera que existen pruebas suficientes para determinar que la cantante e influencer actuó con conocimiento y voluntad de defraudar, por lo que quedó imputada por el delito de contrabando simulado.
El modus operandi
De acuerdo a la investigación, Olguín utilizó los nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los gobernadores para realizar compras vía Courier, un sistema de importación menos estricto en controles. De esa manera logró sortear el cupo personal impuesto por Aduana de cinco compras anuales de hasta 5 mil dólares.
Los investigadores indicaron que con los datos fiscales la artista compraba ropa de alta gama para revenderlos en una tienda online, muy popular por sus productos exclusivos y precios accesibles. Las operaciones se realizaban desde su domicilio, en Buenos Aires, sin contar con un local comercial habilitado. A través de Internet, vendía las prendas a Córdoba, Santiago del Estero y otros puntos del país.
La causa está en manos del juez federal tucumano, José Manuel Díaz Vélez, aunque no se descarta que pase a la Justicia Federal bonaerense tras la denuncia de Kicillof.
Mientras se espera una decisión judicial respecto a su situación, en las últimas horas se ordenó el allanamiento en el departamento de Núñez, de donde secuestraron dispositivos electrónicos, prendas y dinero en efectivo.
