Siete miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba fueron condenados por el robo de droga incautada en allanamientos que era entregada a informantes a cambio de datos sobre narcomenudeo. También sentenciaron a tres civiles.
El caso, investigado en 2024 por el fiscal de distrito cuatro turno tres, Juan Pablo Klinger, derivó en penas de prisión efectiva y confirmó la existencia de maniobras irregulares dentro de la fuerza.
Los 10 acusados confesaron los hechos y recibieron condenas en un juicio abreviado ante el Juzgado de Control N°8. Por un lado determinó tres años de cárcel para nueve de los implicados. Ellos son Luis Rubén Benavídez, Isidro David Rivero, Raúl Eduardo Moreno, Antonio Eduardo Ruiz, Sergio Ruiz y Diego Omar Bertino (miembros de la FPA), junto a los civiles Sergio Antonio Córdoba, Santiago Daniel Sánchez y Darío Amado Romero.
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Para el décimo imputado, Néstor Javier Márquez, jefe de la brigada de la FPA en Cruz del Eje, la pena fue de tres años y seis meses de prisión. Además, a los agentes de la fuerza condenas les impusieron la inhabilitación especial para ocupar cargos públicos.
La droga como “moneda de cambio”
De acuerdo a la investigación, los policías sustraían cocaína y marihuana que debía ser secuestrada durante los procedimientos y la entregaban de manera clandestina a los llamados “dateros”.
Estas personas, ajenas a la fuerza, simulaban ser compradores para facilitar supuestas operaciones encubiertas. La información obtenida de esta forma les permitía a los agentes exhibir resultados “exitosos” en operativos y obtener réditos personales dentro de la institución. Las maniobras involucraron a miembros de las brigadas de investigaciones de Cruz del Eje, Deán Funes y Cosquín.
Un fiscal a juicio
En la misma causa, el Juzgado de Control también confirmó que irán a juicio el fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico de Cosquín, Raúl Ramírez, su secretario Patricio Bazán, y el policía Mauricio Oyola. Todos están acusados de encubrir los delitos al no denunciar ni impulsar las investigaciones correspondientes.
A Ramírez y Bazán se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento por omisión de denuncia. En tanto, Oyola deberá responder además por violación culposa de pruebas y abuso de autoridad.
