El escándalo judicial que sacudió a Corrientes llegó a su fin con la condena a cuatro años de prisión para Pablo Carlos Molina, un exsecretario judicial que ordenó escuchas ilegales a su propia esposa por sospechas de infidelidad.
El caso ocurrió en 2014, pero recién en 2019 se descubrió el ardid y, tras un juicio oral que comenzó este año, el Tribunal Oral Federal (TOF) dictó sentencia.
Molina, de 54 años, se desempeñaba en la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 y aprovechó su cargo para confeccionar un oficio falso, firmado junto al entonces juez Carlos Soto Dávila, en el que solicitaba intervenir dos líneas telefónicas bajo el pretexto de una causa por narcotráfico. En realidad, los números pertenecían a su esposa y a un allegado a ella que él creía que era su amante.
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El plan salió a la luz por un descuido: cuando fue apartado de su cargo, dejó olvidados 28 CDs con las grabaciones en su oficina. Al revisar el material, los empleados judiciales descubrieron las escuchas y constataron que se trataba de conversaciones privadas en las que incluso Molina insultaba y amenazaba a su pareja.
Además de la pena de prisión, el TOF dictó su inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos durante ocho años, el doble del tiempo de condena. La sentencia fue menor a la solicitada por los fiscales, pero marca un precedente sobre el abuso de poder en el ámbito judicial.
