María nació sana y sin problemas de salud, pero a los 8 meses sufrió un episodio de hipoxia que derivó en encefalopatía isquémica, una forma de parálisis cerebral. Su mamá contó que la niña estuvo conectada a oxígeno hasta 2019 y que, debido a una escoliosis vinculada a su condición, debieron volver a practicarle una traqueotomía. Hoy es electrodependiente y necesita estar conectada las 24 horas para respirar.
Luciana González relató en El Show del Lagarto que en 2016 internaron a su hija en la Clínica Vélez Sarsfield por una estenosis que debía confirmarse con una broncoscopia. “Me hicieron firmar la autorización, pero nunca se la hicieron. Nos decían que había que esperar y, en esa espera, mi hija se hipoxia. Hoy arrastra todo esto. Nunca nos pidieron disculpas ni nos explicaron por qué”, afirmó.
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La causa judicial por mala praxis sigue abierta desde hace ocho años, pero, según la familia, está “encajonada” sin avances.
Problemas con la obra social
A la par del reclamo judicial, la familia enfrenta trabas para acceder a la medicación que María necesita. González explicó que Apross solo autoriza ocho medicamentos por mes, pero la niña requiere más de esa cantidad. “Nunca podemos darle todos porque el resto no se puede comprar por fuera, son con receta archivada”, detalló.
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Además, denunció que el año pasado le quitaron terapias esenciales como fisiatría y psicomotricidad. “Si uno le saca las terapias, ella retrocede. No pueden decirme que no renuevan la medicación porque no saben cuánto tiempo va a vivir. Eso me lo dijeron y me fui mal de ahí. Ella tiene obra social y deben hacerse cargo”, reclamó.
Para la madre, esta situación refleja un problema estructural: “Nos dicen que hubo muchas avivadas, pero ¿por qué tienen que pagar justos por pecadores? Lo estamos viviendo todos los que tenemos hijos con discapacidad”.