El nombre de Ariel García Furfaro volvió a los titulares tras quedar en la mira por la producción y distribución del fentanilo contaminado que ya dejó más de 90 muertes en Argentina. Dueño de HLB Pharma y con control sobre Laboratorios Ramallo, Furfaro carga con un pasado tan polémico como su presente: se graduó de abogado mientras cumplía condena por intento de homicidio en la Unidad Penal N° 9 de La Plata.
Sus nexos políticos también despiertan interés. Con contactos con referentes de La Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner, llegó incluso a integrar una comitiva del Ministerio de Salud que viajó a Rusia para negociar la llegada de la vacuna Sputnik V durante el gobierno de Alberto Fernández. En aquel momento, HLB Pharma proyectaba fabricar la dosis en Argentina.
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Mientras en la Justicia Federal de La Plata avanza la investigación judicial por el fentanilo contaminado, en paralelo el Ministerio de Seguridad de la Nación denunció al laboratorio de García Furfaro por presentar documentación apócrifa para importar precursores químicos.
Según la investigación, la empresa presentó ante el Registro Nacional de Precursores Químicos un certificado municipal supuestamente emitido por el Municipio de San Isidro, que lo habilitaba a manejar compuestos relacionados con drogas de alta potencia como el fentanilo. El documento, según las autoridades, estaba fraguado.
En declaraciones al diario La Nación, Furfaro negó que la crisis sanitaria haya sido consecuencia de una contaminación cruzada en su laboratorio. Por el contrario, deslizó la hipótesis de un sabotaje: “Primero quiero que la gente sepa que el fentanilo no tiene nada que ver con las muertes. Si realmente las ampollas tienen esa contaminación, alguien la puso“, sostuvo. Sin embargo, los peritajes en curso y las imputaciones en la causa parecen ir en sentido contrario a su defensa.
