El fiscal federal Enrique Senestrari imputó a la exdecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Mariela Parisi, por los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La resolución ya ingresó al Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, que todavía no fijó fecha para la indagatoria.
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La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 3 de febrero de este año por Lucas Valdéz, quien citó datos publicados en el portal Striptease del poder.
Allí se detallaban supuestas irregularidades en la gestión de Parisi: gastos personales cargados a la facultad, viajes al exterior con viáticos excesivos y sin justificación, contrataciones de familiares —incluidos su esposo y su hija— y compras directas sin licitación.
Gastos bajo la lupa
Según explicó Roberto Battaglino en Arriba Córdoba, se detectaron facturas de supermercados, almuerzos, cenas y pedidos de deliverys emitidos a consumidor final en lugar de la UNC. Entre ellas, se destacó un pedido de sushi.
También se encontraron comprobantes de cargas de combustible y playas de estacionamiento sin patente identificada, además de resoluciones que autorizaban gastos sin detallar los montos.
+ VIDEO: los detalles de la imputación a Mariela Parisi:
El fiscal investiga además viajes realizados a Ecuador, Costa Rica y otros destinos, muchos de ellos sin autorización previa y con reintegros posteriores.
Otra de las irregularidades señaladas fue la compra de equipos tecnológicos y pasajes a un docente cercano a la gestión, dueño de una agencia de viajes, por montos millonarios y sin licitación. La auditoría concluyó que “en determinados gastos no se cumplimentaron las disposiciones legales vigentes”, exponiendo la precariedad administrativa.
El descargo de Parisi
Frente a las acusaciones, Parisi negó haber cometido delitos y sostuvo que las observaciones son “de forma” y no constituyen malversación.
Argumentó que algunas compras fueron hechas con fondos personales por urgencias, lo que justificaría la informalidad de los comprobantes. Sobre las contrataciones, explicó que en cursos de extensión no era indispensable contar con título habilitante, y respecto de los viajes, señaló que las demoras en los trámites administrativos justificaban la falta de autorizaciones previas.
El caso, que ahora avanza en la Justicia federal, expone un uso discrecional de fondos públicos en el ámbito universitario y podría sentar un precedente en torno al control de los recursos en las casas de estudio.
