Un abogado señalado como pieza clave en una red narco que operaba desde las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz fue detenido en Buenos Aires. Según la investigación, el letrado habría puesto a disposición su propio teléfono celular para que más de quince presos pudieran comunicarse sin control con el exterior y coordinar hechos delictivos, a cambio de pagos mensuales en dólares.
El procedimiento de la Policía Federal Argentina (PFA), denominado “El abogado del diablo”, se llevó a cabo bajo supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación y en el marco de una causa impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). La investigación se inició tras una denuncia del Servicio Penitenciario Federal que advirtió que algunos internos planeaban atentados contra funcionarios judiciales y penitenciarios.
Tras meses de tareas de inteligencia, la División Antidrogas Rosario de la PFA concluyó que el abogado no ejercía realmente una defensa técnica, sino que utilizaba su rol para transmitir órdenes, recibir instrucciones y gestionar encargos para los detenidos. El caso quedó en manos del Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, quien ordenó allanamientos en los penales y en domicilios de Ezeiza, el Barrio Padre Carlos Mugica (ex villa 31), Isidro Casanova y Rafael Calzada.
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La captura se concretó a la salida del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, donde acababa de entrevistarse con César “Loco César” Morán, un reconocido narco de la Villa 31. En su poder se hallaron cartas con instrucciones, dos celulares, dinero en efectivo y documentación de interés. Además, se incautaron armas de alto calibre, municiones, drogas, vehículos y dispositivos electrónicos en distintos procedimientos.
De acuerdo con la acusación, el abogado recibía pagos en dólares para garantizar a los reclusos comunicaciones ilimitadas con el exterior, burlando los controles penitenciarios. La causa lo investiga por asociación ilícita, encubrimiento agravado y confabulación.
El detenido quedó a disposición de la Justicia Federal mientras se analiza la información secuestrada para determinar el alcance de la red criminal y las responsabilidades de los distintos involucrados.
