El crimen de Aralí Vivas, de 8 años, ocurrido el 1 de noviembre de 2024 en Brinkmann, avanza a la etapa de juicio. El fiscal de instrucción de Morteros, Francisco Payges, firmó el pedido de citación, cerrando así la investigación. Los acusados son la madre de la niña, Rocío Milagros Rauch (28), su pareja, Ezequiel Matías Simeone (33), y un amigo de ambos, Cristian Hernán Varela (40).
La imputación es de una gravedad extrema: abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por la participación de más de una persona, homicidio criminis causa, y en el caso de Simeone, también incendio por haber prendido fuego la vivienda con el objetivo de borrar evidencias. El cuerpo de la niña fue hallado después de apagar las llamas, con lesiones que confirmaron la violencia ejercida en su contra.
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La reconstrucción judicial reveló movimientos sospechosos en la madrugada del crimen, captados por cámaras de seguridad. Simeone y Varela entraron y salieron del domicilio en distintas ocasiones hasta que, finalmente, el padrastro inició el foco ígneo. Un dato alarmante fue que los hermanitos de Aralí permanecieron en la casa junto al cuerpo, solos durante varias horas, hasta que todo salió a la luz.
Gravísimo contexto
El caso también mostró un contexto familiar atravesado por la vulnerabilidad y la violencia. La acusación contra la madre como partícipe necesaria sacudió aún más a la comunidad: quienes debían cuidar de la niña están ahora señalados como responsables de su muerte.
Además, hubo fuertes críticas a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Semanas antes del crimen, el organismo había autorizado la revinculación de los niños con Rauch y Simeone, pese a los antecedentes de consumo y violencia. Tras la tragedia, se inició una investigación interna para revisar la actuación del organismo.
El juicio contra los tres acusados del aberrante episodio tendrá lugar en la Cámara del Crimen de San Francisco, aunque todavía no hay fecha definida. La causa es seguida de cerca por vecinos, familiares y organizaciones que reclaman justicia y cuestionan la protección estatal que falló en este caso.
Los acusados enfrentan la posibilidad de ser condenados a prisión perpetua, en uno de los episodios más dolorosos de los últimos años en Córdoba.