La Justicia Federal condenó a cinco integrantes de una red internacional de ciberdelincuencia que operaba a través de una plataforma llamada “iServer”, utilizada para desbloquear iPhones robados o extraviados. Entre los condenados hay dos técnicos de Córdoba, implicados en más de 4.500 casos registrados en la provincia, de los cuales 1.300 fueron consumados y el resto quedó en tentativa.
Las penas llegan hasta tres años de prisión efectiva. La investigación, conocida como “Operación Kaerb” (la palabra “break” al revés, en alusión al “quiebre” de seguridad de los dispositivos), descubrió que el sistema ofrecía un servicio de “crime as a service”: por 120 dólares mensuales, los usuarios podían acceder a herramientas de phishing para engañar a dueños de iPhones y obtener sus contraseñas de iCloud. Con esos datos, los equipos eran desbloqueados y revendidos como “libres” en el mercado ilegal.
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El creador del software fue Iván David Cudde, un programador santafesino con antecedentes por delitos informáticos. En Córdoba, los condenados fueron Wilmer Alexander Arévalo Aurora y Sebastián Daniel Raijelson, quienes operaban locales de reparación de celulares y actuaban como “desbloqueadores” y “revendedores” del sistema.
Arévalo fue sentenciado a 1 año y 10 meses de prisión efectiva, mientras que Raijelson recibió 3 años de cárcel, tras comprobarse su participación en miles de maniobras de fraude digital. Según la acusación, ambos ofrecían el servicio en locales del centro cordobés, donde recibían teléfonos bloqueados y, a través de la plataforma, lograban reactivarlos para su venta.
Red internacional
La operación, coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y Europol, abarcó seis países: España, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Solo en Argentina, hubo 17 detenidos y 12 allanamientos en distintas provincias, con Gendarmería Nacional y la Policía Federal a cargo.
El fiscal Horacio Azzolin explicó que la red logró concretar 4.245 fraudes informáticos, y que la plataforma se convirtió en una escuela virtual para ciberdelincuentes. “Era un sistema de entrenamiento y servicios a medida para quienes se dedicaban a hackear teléfonos robados”, sostuvo.
En Córdoba, la investigación permitió identificar unos 4.500 dispositivos afectados, entre los que 1.300 fueron efectivamente desbloqueados y revendidos en el mercado ilegal. Los investigadores sostienen que la provincia se había convertido en uno de los principales puntos de operación de la red por la cantidad de locales que ofrecían “servicios técnicos” vinculados al fraude.
Según la sentencia, los acusados “utilizaron conocimientos técnicos especiales con el único fin de vulnerar la seguridad informática de terceros y lucrar con ello”.
