A más de tres años de la muerte de Jonatan Romo (36) en la comisaría de La Falda, la causa volvió a quedar envuelta en idas y vueltas judiciales, y la familia de la víctima manifestó su rechazo al juicio abreviado solicitado en Tribunales de Cosquín por las defensas de tres policías imputados.
Romo murió el 10 de julio de 2022 tras ser detenido, y por el hecho fueron imputados seis efectivos pero todos están libres. La investigación inicial, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, había avanzado en 2024 con un pedido de elevación a juicio por parte del fiscal Raúl Ramírez. Sin embargo, el proceso quedó trabado entre apelaciones, cambios de imputación, idas de un tribunal a otro y resoluciones que complejizaron aún más el expediente.
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En mayo de 2025, la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores moderó las acusaciones. Para Miguel Ángel Aguilera, Hernán Suárez Guevara y Walter Geri la imputación pasó de homicidio calificado a homicidio con exceso en el ejercicio de un cargo, una figura culposa con penas de uno a cinco años, muy lejos de la prisión perpetua que enfrentaban inicialmente.
También cambiaron las imputaciones de Pablo Zárate y Lucas Giménez, que pasaron de encubrimiento agravado a encubrimiento calificado por su calidad de funcionarios públicos. Mientras que a Juan Pablo Zunino le dictaron falta de mérito tras haber sido acusado de homicidio calificado.
Idas y vueltas
Luego de la resolución en Villa Dolores la familia Romo quedó sin la posibilidad de recurrir en casación y el caso pasó a la Cámara del Crimen de Cruz del Eje para el desarrollo del juicio. Desde este tribunal, el presidente Javier Rojo devolvió el expediente a Cosquín al advertir que los imputados no habían sido notificados del cambio de acusación.
Ya en Cosquín, el fiscal Nelson Lingua recibió a fines de octubre el pedido de juicio abreviado para Aguilera, Suárez Guevara y Geri, e intentó acordar con los defensores una condena de un año y seis meses de prisión. La querella expresó su rechazo, aunque su posición no es vinculante en dicha instancia.
El acuerdo llegó entonces al Juzgado de Control de Cosquín, que este lunes 17 de noviembre resolvió que no tiene competencia para intervenir porque la causa ya había avanzado a etapa superior. En su decisión, el juez Ramiro Núñez sostuvo: “Este tribunal ha perdido jurisdicción para expedirse y/o tramitar el asunto”. Y agregó que no puede “arrogarse una competencia que ya no tiene”.
En consecuencia remitió el expediente a Cruz del Eje, donde la Cámara del Crimen debe definir si avanza con el debate oral o si habilita un juicio abreviado en otra jurisdicción.
El reclamo de la familia
Frente a este escenario, el abogado querellante Gustavo Pérez, representante de los hijos de Romo, expresó su indignación en diálogo con ElDoce.tv: “Nos hace mucho ruido cómo se busca diluir la causa”. A su vez lamentó que ningún fiscal acompañara a la querella para sostener la acusación original.
“Se diluye y vamos a un negocio entre el Ministerio Público Fiscal y los imputados, en lugar de discutir en un debate con las pruebas”, manifestó el letrado.
Mientras la causa sigue acumulando traslados y decisiones cruzadas, la familia Romo insiste en que llegue finalmente a juicio y se determine qué ocurrió aquel trágico fin de semana de julio en la comisaría de La Falda.
