La Justicia de Córdoba dio un paso inédito en materia penal y de cibercrimen: siete personas fueron imputadas por difundir en redes sociales una noticia falsa que anunciaba la muerte del periodista de El Doce, Daniel “La Vaca” Potenza. El episodio ocurrió el 19 de enero de 2024, cuando cuentas truchas publicaron su supuesto fallecimiento. La mentira se viralizó en minutos y generó angustia entre colegas, familiares y televidentes.
El abogado Carlos Nayi explicó en El Show del Lagarto que se trató de “una resolución sumamente importante, que es todo un precedente en la Justicia del crimen de Córdoba y de la República Argentina”. La Fiscalía de Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik, avanzó con la imputación por “amenazas calificadas, agravadas por anonimato”, una figura penal que prevé hasta seis años de prisión.
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Nayi sostuvo que el caso marcó un quiebre en la interpretación de la ley ante delitos cometidos desde redes sociales: “Esto tiene que ver con algo que hasta ahora en Córdoba ni en el país ningún magistrado ni funcionario se animaba a avanzar porque lo que no está expresamente prohibido en el Código Penal estaba permitido. Había un vacío legal”. Según afirmó, el fiscal entendió que “lo que ocurrió con Daniel Rodolfo Potenza debía ser alcanzado por la mano larga de la Justicia”.
La difusión de la falsa noticia provocó “desesperación, zozobra y angustia en todos sus familiares y colegas”, que comenzaron a llamarlo e incluso a enviar mensajes de condolencias, recordó el letrado.
+ VIDEO: la explicación sobre la decisión judicial:
La investigación utilizó herramientas tecnológicas para identificar a los responsables. “Se identificó el usuario, se estableció cuál era el IP, IMEI y URL desde donde provenía esa actividad ilegal y se decidió imputar. Con una escala penal muy severa”, explicó el abogado. Todos los involucrados son residentes de la provincia.
Para Nayi, este avance judicial fija un límite claro: “En Argentina hay libertad de expresión y está bien, hace a la democracia. Pero no hay derechos absolutos. En nombre de la democracia no se puede fabricar noticias falsas que terminan generando un daño irreparable”. Y agregó que las amenazas desde el anonimato “tienen un grado de peligrosidad mucho más alto” porque la víctima no sabe quién está detrás ni cuántas personas participan.
Sobre los imputados, el abogado describió: “Son personas que en algún punto tienen una conexión que obran desde el resentimiento, desde la actitud vindicativa. No entienden que vivimos en una sociedad civilizada y que una noticia de estas características puede llevar incluso a la muerte”.
Los siete acusados serán indagados en los próximos días. “Seguirá el proceso que terminará en un juicio oral y público donde serán juzgados”, adelantó Nayi. Y reiteró: “Lo que se busca no es la mordaza: se busca que se cumpla con el límite que es el respeto a la dignidad y el honor”.