La causa por el asesinato de Valentino Blas Correas sumó un nuevo capítulo este viernes: la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, a cargo del fiscal Franco Mondino, pidió elevar a juicio a 11 funcionarios públicos por su rol en el encubrimiento y las maniobras posteriores al crimen ocurrido el 6 de agosto de 2020 en Córdoba.
Entre los imputados se encuentran el ex ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Fernando Mosquera; el ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica, Lucas Sebastián Mezzano (actualmente en el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad de la provincia); y el ex comisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido, quien era subdirector general de Seguridad de la policía cordobesa.
La investigación se disparó luego de la sentencia de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, que juzgó el homicidio de Blas Correas y ordenó investigar la conducta de varios funcionarios públicos por su accionar tras el hecho.
La fiscalía inició una investigación penal preparatoria y, tras meses de trabajo, pidió la citación a juicio por cinco hechos distintos.
Los hechos por los que serán juzgados los funcionarios y policías
- Abuso de autoridad y omisión de auxilio: siete policías —Norberto González, Emmanuel Alejandro Fachisthers, Natalia Soledad Márquez, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Daniel Eduardo Henot, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza— deberán responder por no haber resguardado la vida de Blas Correas durante el control vehicular en Av. Chacabuco y Corrientes. Según la acusación, no le brindaron asistencia ni permitieron que llegara al Hospital de Urgencias, lo que derivó en su muerte.
- Lesiones leves calificadas: la oficial principal Natalia Soledad Márquez también será juzgada por haberle dado dos patadas en el tobillo derecho a Camila María Toci, quien viajaba con Blas Correas, durante el palpado preventivo en el mismo operativo.
- Encubrimiento agravado: el excomisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido está acusado de encubrir el plantado de un arma de fuego en la escena del crimen para desviar la investigación y proteger a los policías involucrados. La fiscalía sostiene que Cumplido supo del hecho y no lo denunció, pese a estar obligado por ley.
- Ofrecimiento y admisión de dádivas: el exministro Mosquera deberá responder como autor de ofrecer y entregar un auto Toyota Corolla, con seguro y tickets de nafta, a Cumplido, con la intervención de Mezzano como partícipe necesario. Cumplido, por su parte, está acusado de aceptar la dádiva. Todo esto, en el contexto de las derivaciones del caso de “gatillo fácil”.
- Abuso de autoridad en el manejo de cámaras de seguridad: el excomisario mayor Víctor Rubén Di Stéfano (ya retirado) está acusado de autorizar el ingreso de personal jerárquico a la sala de videovigilancia para ver las grabaciones del hecho, violando la ley que regula el uso de videocámaras de seguridad en Córdoba.
Por otro lado, el fiscal Mondino archivó tres de los ocho antecedentes remitidos por la Cámara 8° del Crimen:
- Liliana Rita Zárate Belletti, exdirectora de Recursos Humanos de la Policía, fue sobreseída por la supuesta falta de control sobre la formación de policías. La fiscalía determinó que reprobar materias en el curso jerárquico solo impedía el ascenso, pero no implicaba la retención del arma reglamentaria.
- Augusto Fernando Lavalle y Carlos Gabriel Ireneo Andrada fueron investigados por la falta de contención psicológica a las víctimas y familiares, pero se concluyó que no existía normativa ni oficina específica para esa función en la policía provincial.
- Ana María Becerra, titular del Tribunal de Conducta Policial, ya había sido investigada y sobreseída por hechos similares, por lo que no puede ser juzgada dos veces por lo mismo.
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La fiscalía destacó que, tras el crimen de Blas Correas, la Policía de Córdoba modificó varios procedimientos internos, como la retención del arma a quienes reprueban materias clave en el curso jerárquico.
Vale aclarar que queda pendiente la resolución sobre la imputación por violación de medios de prueba, registro o documentos a los policías Jorge Ariel Galleguillo, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Sergio Alejandro González, Javier Catriel Alarcón, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica. La defensa de Esquivel pidió el sobreseimiento alegando que ya fue investigada por los mismos hechos, y el caso está ahora en el Tribunal Superior de Justicia.
