Una investigación por estafas millonarias con la construcción viviendas prefabricadas fue elevada a juicio en Córdoba con diez acusados de integrar la organización delictiva que engaño a decenas de familias en distintas provincias.
El Juzgado de Control en lo Penal Económico de Córdoba, a cargo del juez Gustavo Hidalgo, confirmó la citación a juicio para los imputados, quienes enfrentan cargos por asociación ilícita y estafas reiteradas. La maniobra, según la investigación, dejó un tendal de damnificados y un perjuicio económico millonario.
Los acusados son Sebastián Laforte, Alan Emmanuel Cano, Jorge Alejandro Flores, César Ezequiel Juárez, Matías David Pérez Ludueña, Claudio Héctor Bardus, Matías Sánchez, Noelia Alejandra Flores, María Ximena Alderete y Carlos Marcelo Scrofani, quienes habrían conformado una organización con roles bien definidos.
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El grupo operaba bajo distintos nombres comerciales, como Next House SAS, Forte Desarrollista e Innova Desarrollista. A través de redes sociales, páginas web y contratos ficticios, prometían casas en seco con plazos cortos y pagos por avance de obra. Pero, en la práctica, incumplían sistemáticamente y exigían pagos extra con excusas y adendas que solo agravaban el daño a los clientes, señaló la investigación.
La estructura de la banda incluía un jefe que negociaba directamente con las víctimas, un organizador que coordinaba las maniobras y otros miembros que actuaban como vendedores, prestanombres o colaboradores en las estafas.
Renders falsos, fotos truchas y promesas incumplidas
Según la acusación, los imputados usaban renders irreales, fotos de obras ajenas y referencias falsas para captar clientes. El objetivo era siempre el mismo: inducir a error a las víctimas para que entregaran sumas millonarias en efectivo, transferencias o bienes, sin recibir la casa prometida o recibiendo construcciones defectuosas e inconclusas.
La investigación reunió pruebas clave como testimonios de ex empleados, mensajes de texto entre los acusados y evidencias de los engaños utilizados para concretar las estafas.
Los hechos involucran a más de 30 víctimas de Córdoba y otras provincias. El juez Hidalgo rechazó los pedidos de la defensa para frenar el juicio y denegó el cese de prisión preventiva para el supuesto jefe de la organización, al considerar que existe peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación.
