Una empleada del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) fue condenada por la Justicia de Neuquén a devolver 4 millones de pesos que recibió por error en su cuenta bancaria tras una transferencia equivocada del organismo público.
El caso fue analizado por el juez Martín Peliquero, quien concluyó que la trabajadora incorporó ese dinero a su patrimonio sin una causa legal que lo justificara, lo que generó un perjuicio económico para el Estado.
Según consta en el expediente, la Dirección de Tesorería del organismo realizó la transferencia por equivocación debido a la similitud entre nombres, lo que provocó que el dinero fuera depositado en la cuenta sueldo de la empleada.
+ MIRÁ MÁS: Un detenido por vender droga en su peluquería y en un negocio de ropa en Córdoba
Cuando las autoridades detectaron la situación y se comunicaron con la mujer, ella respondió en un primer momento que no sabía nada del tema y que se encontraba ocupada.
Posteriormente explicó que creía que el dinero podía estar vinculado a un juicio y reconoció que ya había utilizado la suma para comprar un terreno, además de negarse inicialmente a devolverla.
Los registros bancarios también evidenciaron extracciones y movimientos posteriores al momento en que la empleada ya había sido informada de que la transferencia había sido un error.
Qué resolvió la Justicia
El caso también tuvo un proceso en el fuero penal, donde se investigó una posible apropiación de dinero ajeno. Sin embargo, la causa terminó con un sobreseimiento por extinción de la acción penal luego de que la acusada pagara la multa mínima prevista para ese delito. A pesar de eso, el juez sostuvo que en el ámbito civil correspondía analizar la situación y determinar las responsabilidades.
El magistrado encuadró el hecho dentro de la figura de enriquecimiento sin causa, prevista en los artículos 1794 y 1795 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Esta norma establece que una persona no puede beneficiarse económicamente cuando ese beneficio surge de un error o del perjuicio de otra parte sin justificación legal. Por ese motivo, la Justicia ordenó que la trabajadora restituya los 4 millones de pesos al organismo público.
