La situación judicial de Valentina Olguín se agravó en las últimas horas luego de que la Justicia federal de Tucumán resolviera ampliar su procesamiento en la causa en la que está acusada de contrabando.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que la imputó por alrededor de 15 hechos bajo la figura de contrabando por simulación, aunque sin prisión preventiva.
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Según la investigación, la cantante e influencer habría utilizado los datos personales y números de CUIT de distintos gobernadores para realizar compras en el exterior e ingresar productos al país.
En esta nueva etapa de la causa, se incorporaron maniobras que involucran a los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que se suman al caso original vinculado al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.
De acuerdo con la acusación impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, Olguín simuló operaciones ante el sistema aduanero para eludir los límites del régimen de importación por courier y así recibir productos en su domicilio.
La investigación determinó que las compras, principalmente de indumentaria de la marca estadounidense Revolve, eran enviadas a su vivienda en la ciudad de Buenos Aires mediante la empresa FedEx.
Cómo habría sido la maniobra
Según consta en el expediente, la imputada habría consignado información falsa ante el organismo recaudador ARCA para evitar utilizar su propio cupo de compras en el exterior y obtener un beneficio económico.
Entre las pruebas reunidas figuran análisis de comunicaciones, peritajes sobre dispositivos electrónicos y el rastreo de envíos, que permitieron ubicar la recepción de los paquetes en su domicilio.
Además, durante un allanamiento se secuestraron facturas a nombre de los gobernadores, dinero en efectivo, dispositivos tecnológicos y prendas de vestir aún sin uso.
Ante la reiteración de las maniobras, la Justicia también dispuso ampliar el embargo sobre sus bienes hasta los 15 millones de pesos.
La defensa había argumentado que los datos utilizados surgieron de una supuesta búsqueda al azar en internet, pero ese planteo fue rechazado por el juez, que consideró que la repetición de los hechos descarta el desconocimiento de la ilegalidad.
La causa se inició a partir de una denuncia del gobernador Osvaldo Jaldo, quien detectó el uso indebido de su CUIT para compras internacionales. La investigación continúa y podría derivar en penas de entre 2 y 8 años de prisión.
