Un tribunal civil y comercial de la provincia de Buenos Aires resolvió a favor de un asegurado que reclamaba una compensación acorde al valor actualizado de su auto, robado a mano armada y luego incendiado. La sentencia ordenó a la compañía abonar una suma que supera ampliamente la oferta inicial.
El caso se originó en octubre de 2021, cuando el propietario de un Chevrolet Prisma fue asaltado por delincuentes armados en la localidad de Garín. El vehículo fue hallado poco después completamente destruido por el fuego.
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Tras el hecho, la aseguradora reconoció la destrucción total y ofreció pagar poco más de 1,5 millones de pesos, un monto calculado a comienzos de 2022. Sin embargo, el trámite para concretar el pago se extendió durante meses debido a la baja registral del vehículo, gestionada por una intermediaria vinculada a la propia empresa.
El titular del auto pidió que se actualizara la indemnización por la pérdida de valor producto de la demora, pero la compañía rechazó modificar la cifra. Ante esa negativa, avanzó con un reclamo formal que derivó en una demanda judicial.
En su defensa, la aseguradora planteó que el reclamo había prescripto y sostuvo que la demora administrativa era responsabilidad del cliente. El tribunal descartó ambos argumentos y consideró que el plazo debía contarse desde la finalización de la baja registral, trámite indispensable para exigir el pago.
El juez también entendió que la empresa tuvo participación directa en esa gestión, por lo que no podía trasladar la demora al asegurado. En ese marco, concluyó que correspondía actualizar el monto para evitar que la indemnización quedara desfasada frente al contexto inflacionario.
Además de reconocer el capital ajustado, la sentencia fijó una compensación por daño moral equivalente al 50% del monto y aplicó daño punitivo al considerar que la conducta de la aseguradora fue grave y perjudicó los derechos del consumidor.
En total, la suma supera los 12,4 millones de pesos. El fallo establece que, si no se paga dentro del plazo fijado, el monto deberá actualizarse y acumular intereses.
La resolución también remarca que las indemnizaciones deben reflejar el valor real al momento del pago y no quedar atadas a cifras históricas. En ese sentido, sienta un precedente sobre la obligación de las aseguradoras de actuar con diligencia y garantizar una reparación integral a sus clientes.
