La Justicia de Córdoba condenó a cuatro integrantes del clan Monge en el marco de una causa por asociación ilícita que también salpica a altos mandos policiales. Las penas se dictaron el viernes en un juicio abreviado ante el juez de Control José Milton Peralta.
Los condenados son Maciel Adrián Monge, Roger Emmanuel Monge, Fiorella del Valle Monge y su pareja, Rubén Ismael Cuevas, indicó Perfil Córdoba. Todos fueron señalados como cómplices dentro de una organización delictiva que operó entre 2022 y 2023.
Los acusados recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional. De esta manera, el mismo viernes fueron excarcelados después de un año y medio detenidos.
+ MIRÁ MÁS: Estaban con armas en Villa Mafekin, los vio la Policía y terminaron presos
El magistrado tuvo en cuenta al momento de la resolución que los imputados no tenían antecedentes penales, el buen comportamiento en la cárcel y que además tenían la mitad de la pena cumplida tras las rejas. “Se daban los requisitos legales como para una pena de ejecución condicional, a la cual el juez accedió y el fiscal no se opuso”, explicó a ElDoce.tv el abogado defensor Sebastián Villegas.
Según la investigación encabezada por el fiscal Enrique Gavier, la banda se dedicaba a la venta de celulares y neumáticos robados, además de la compraventa ilegal de dólares.
Las maniobras se realizaban en local denominado “Doble Click” que funcionaba en la zona de Galería Norte, en la ciudad de Córdoba. Entre los acusados está Roberto Adrián “Coquito” Monge, quien se encuentra imputado como jefe de asociación ilícita y continúa detenido a la espera del juicio.
El vínculo con la causa que involucra a policías
El caso del clan Monge forma parte de una investigación más amplia que también alcanza a efectivos de la Policía de Córdoba, entre ellos el exsubjefe Alejandro Mercado, actualmente detenido y acusado de integrar una asociación ilícita.
De acuerdo a la causa, Mercado habría brindado cobertura a las actividades de la banda aprovechando su cargo dentro de la fuerza. Por estos mismos hechos también fueron elevados a juicio el comisario inspector Cristian Norberto Rubén Cabrera y la subcomisaria Verónica Paola Aguilar.
La investigación sostiene que existía una estructura delictiva que articulaba el accionar de los civiles con sectores de la Policía, lo que permitió sostener durante años un circuito ilegal vinculado a la reventa de celulares robados y otras maniobras.
