El caso del ladrón que fue baleado por un kiosquero en Alta Gracia volvió a generar debate en Córdoba, esta vez por el costo que deberá afrontar el Estado para su recuperación. El hombre permanece internado y detenido en el Hospital Municipal de Urgencias a más de dos semanas del hecho.
La bala quedó alojada detrás de la lengua, lo que complica cualquier intervención quirúrgica. Para su tratamiento, necesita una prótesis maxilar de alto costo, cuya gestión es realizada a través del Ministerio de Salud de la Provincia.
Desde la cartera sanitaria provincial explicaron a ElDoce.tv que, más allá de la situación judicial del paciente, el sistema público no puede hacer distinciones. “El Estado no puede poner juicio de valor a la hora de atender a un paciente, lo tiene que atender igual”, señalaron.
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Además, aclararon que no pueden brindar detalles personales por el derecho a la privacidad de la historia clínica.
En cuanto al proceso, indicaron que la gestión de una prótesis implica un trámite administrativo complejo. Se deben presentar estudios, informes médicos y justificar el tipo de intervención necesaria antes de iniciar la compra.
Si el paciente no tiene obra social, el Estado está obligado a cubrir los costos. El expediente se inicia en los servicios sociales del hospital y luego pasa por auditorías antes de avanzar con la cotización y adquisición de la prótesis.
Una intervención de alto costo
Especialistas consultados por ElDoce.tv indicaron que la intervención puede tener un alto costo pero el valor final puede variar considerablemente según el daño causado por el disparo. No es lo mismo una lesión en tejidos blandos que una afectación ósea o dental, advirtieron.
Si la bala dañó dientes, podrían requerirse implantes, pernos o coronas, con costos que pueden superar el millón de pesos por pieza.
En casos más complejos, como fracturas de mandíbula, la cirugía puede implicar placas y tornillos de titanio, materiales importados que elevan significativamente el precio total del tratamiento.
A esto se suman los honorarios de distintos profesionales, como cirujanos maxilofaciales, anestesistas y especialistas en cabeza y cuello, dependiendo la gravedad del cuadro y el tipo de operación.
El caso expone una situación que genera controversia: mientras el hombre está imputado por el robo frustrado, el Estado debe garantizar su atención médica.
