La instalación del primer portón para cerrar calles en Villa Allende encendió el debate entre vecinos, en medio de una iniciativa impulsada por el municipio como respuesta a la inseguridad.
El dispositivo fue colocado en el límite entre Córdoba capital y Villa Allende, en la zona de Lomas Sur, y forma parte de una prueba piloto que contempla un total de 13 portones. Aunque aún no está en funcionamiento, se espera que entre en vigencia en los próximos días.
La estructura incluye un pilar con la leyenda “zona segura”, iluminación y un sistema de cierre total de calles, lo que generó reacciones divididas en el barrio. Desde un sector de vecinos autoconvocados expresaron en Telenoche su rechazo a la medida.
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“Es triste. Hoy una vez más, por redes el intendente nos comunica lo que él dice que hace 15 meses nos quiere explicar diciendo que este portón es estético”, cuestionó Javier, uno de los referentes. En esa línea, agregó: “Estamos realmente preocupados por la seguridad y creemos y consideramos que esto es un gastadero de dinero improvisado”.
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Otros habitantes también manifestaron su preocupación por las consecuencias del cierre de calles. “Nos están encerrando, nos están encarcelando, cuando la cárcel es para la gente malviviente, no para nosotros. Nosotros queremos libertad”, expresó otro vecino.
Además, advirtieron sobre posibles riesgos: “Va a convertirse en una trampa para aquellos que tengan que parar, van a venir los ladrones y los van a atacar porque va a ser fácil robar”.
Otra mirada
Sin embargo, también hay quienes apoyan la iniciativa. “Estoy de acuerdo porque es una medida de seguridad que no entren de Córdoba para acá. No es lo mismo que pasen caminando a que pasen con un vehículo”, sostuvo un vecino.
La palabra de la Municipalidad
Desde el municipio defendieron el proyecto. El secretario general Felipe Crespo explicó: “Este programa específico de seguridad atravesó por una instancia de consulta a la gente, de participación ciudadana estuvo garantizada”.
Mientras la implementación avanza y resta una definición del Tribunal Superior de Justicia, el debate sigue abierto entre quienes priorizan la seguridad y quienes cuestionan el impacto de la medida en la vida cotidiana.