Condenaron a 10 años de prisión a una familia gitana que compró a una menor de 13 años en 2022 para que se case con un joven de 20 años, quien era primo hermano de la víctima. El hecho ocurrió en Neuquén, aunque fue tribunal de la provincia de San Juan dictó esta semana una sentencia por trata de personas agravada. Los condenados fueron Gustavo Franco Cristo y sus padres, Isabel y Alberto.
La acusación judicial contra los imputados se centró en el delito de trata de personas, bajo la figura de sometimiento a condiciones de servidumbre doméstica, laboral y sexual ejercidas por Franco Gustavo Cristo sobre la joven.
Por otra parte, los investigadores no avanzaron con cargos por abuso sexual, ya que la adolescente tenía más de 13 años cuando ocurrieron los hechos, edad que la legislación argentina establece como límite para el consentimiento sexual.
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Según informó Infobae, en 2022 la chica no estaba escolarizada y jamás había asistido a clases. En ese contexto, sus padres acordaron entregarla a la familia de quien luego sería presentado como su esposo, a cambio de 825 mil pesos.
El hombre con el que la adolescente fue obligada a convivir tenía 20 años y mantenía un vínculo familiar directo con ella, ya que eran primos por parte de la madre. Además, el joven pertenecía a una familia de la comunidad gitana que se trasladaba con frecuencia entre Neuquén, Santa Fe y San Juan, donde realizaban actividades vinculadas a la compra y comercialización de vehículos.
Dos embarazos
Durante la convivencia con quien era señalado como su marido, la adolescente atravesó dos embarazos. El primero terminó con una pérdida gestacional en septiembre de 2023, mientras que el segundo pudo completarse y culminó con el nacimiento de un niño el 24 de agosto de 2024 en el Hospital Iturraspe.
En el marco de la investigación, la Justicia Federal de San Juan dispuso que la adolescente prestara testimonio mediante una entrevista en cámara Gesell. La diligencia se llevó a cabo el 8 de abril de 2025 y estuvo coordinada por una profesional de la Dirección de Género perteneciente al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano provincial, encargada de conducir el intercambio con la joven.
En el marco de la causa, el fuero federal de San Juan dispuso la realización de una entrevista en cámara Gesell para tomar declaración a la adolescente. La diligencia se concretó el 8 de abril de 2025, como parte de las medidas probatorias del expediente.
La instancia estuvo a cargo de una profesional especializada de la Dirección de Género del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano provincial, quien condujo el interrogatorio siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos.
