La causa contra Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer la medicina sin título habilitante en hospitales públicos de Chaco, sumó un nuevo capítulo. La Justicia ahora investiga la responsabilidad de quienes dirigían el Hospital “Dr. Emilio F. Rodríguez” de Quitilipi cuando la imputada prestó servicios allí.
El fiscal de Investigaciones Marcelo Soto citó a declaración indagatoria a los exdirectores Carina Gabriela Villalba y Daniel Alfredo Acuña, quienes deberán presentarse el próximo 3 de julio, según informaron fuentes judiciales a Infobae.
En el caso de Acuña, la Justicia además declaró nula la testimonial que había brindado anteriormente al considerar que debía ser oído como imputado. Ambos fueron convocados bajo apercibimiento de ordenar su inmediata detención si no comparecen.
La responsabilidad bajo la lupa
La investigación busca determinar cómo fue el ingreso y la permanencia de Ojeda en el hospital, donde está acusada de haberse desempeñado como médica sin contar con título habilitante.
Ojeda fue detenida en la provincia de Buenos Aires después de permanecer tres días prófuga. Al momento de ser indagada, se abstuvo de declarar. El abogado de los damnificados, Daniel Acosta, consideró que la resolución marca un punto de inflexión en el expediente. “Con esta decisión el fiscal amplía la responsabilidad respecto de los directivos”, sostuvo en diálogo con Infobae.
Acosta representa a familiares de tres pacientes fallecidos: Lorenzo Blanco, Germán Luque y Mario García. También acompaña a otros denunciantes que aseguran haber sufrido graves secuelas tras ser atendidos por Ojeda.
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Entre los casos mencionados figuran Franco Ariel Escobar, quien sufrió la amputación de una pierna y permanece internado en terapia intensiva; José Alberto Fontana y Sabrina Belén López, quienes denunciaron la pérdida de un embarazo de tres meses; y Pedro Ángel Sosa, un paciente en lista de espera por un trasplante de corazón que, según la denuncia, sufrió una grave lesión en una pierna tras la aplicación de un medicamento.
De acuerdo con el abogado, la información incorporada a la causa indica que Ojeda atendió al menos 1.230 pacientes durante sus guardias en el Hospital de Quitilipi.
La mujer permanece detenida en la División Atención a la Mujer de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde recibe visitas de sus hijos y nietos. Además de las acusaciones por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos, enfrenta otras causas en las que se investigan presuntos homicidios, lesiones gravísimas y un aborto que habría ocurrido mientras trabajaba en el sistema de salud pública.
