La Provincia de Córdoba fue condenada por la “mala praxis” de funcionarios judiciales de Villa Dolores que tuvieron paralizada durante 17 años una causa de abuso sexual que terminó con un influyente dirigente peronista de Traslasierra en prisión.
La sentencia dictada por la jueza Viviana Rodríguez, del Juzgado Civil de Carlos Paz, ordenó indemnizar a la demandante, M.A.R., con $59,8 millones por daño moral. Con los intereses fijados en el fallo, la suma supera los $162 millones, mientras que el monto total asciende a $222.707.598,15 si se incluyen los honorarios de los intervinientes.
El caso surge por la denuncia realizada en 2005 contra Hugo Roberto Clavero, ex titular de la cooperativa Cemdo, dirigente del PJ del departamento San Javier y hombre cercano al exlegislador Oscar González, a quien acompañó como asesor en distintos cargos públicos. La presentación advertía sobre los abusos sufridos por M.A.R. cuando era menor de edad.
+ MIRÁ MÁS: Condenaron a 3 años y 4 meses al cura Cruz Viale por abuso sexual contra una feligresa
Esa causa quedó “cajoneada” durante años y recién volvió a moverse en 2022. En 2024, Clavero fue condenado a 28 años de prisión por abuso sexual agravado contra su hijastra y corrupción de menores. La madre de la víctima, Analía Montenegro, recibió 16 años de cárcel como partícipe necesaria y por falso testimonio.
En el fallo civil, la jueza consideró que hubo una “falta de servicio” del Estado provincial por la demora injustificada en la investigación. Por eso condenó al Estado provincial a pagar $59,8 millones en concepto de daño moral desde el momento del hecho. Con la actualización y los intereses calculados en el expediente, el monto a favor de la víctima alcanza $162.151.385,18.
La resolución también remarcó que la parálisis del expediente vulneró el acceso a la Justicia de la víctima y que el Estado debía actuar con mayor diligencia frente a una denuncia de abuso sexual infantil. Los reclamos por daño psíquico y tratamiento psicológico futuro fueron rechazados porque ya habían sido contemplados en la condena penal.
En la demanda, la víctima señaló el accionar de cinco funcionarios judiciales: Ricardo Ramón Romero Uez, Noemí Cattalina Bobbio de Bereta, Sergio Cuello, Raúl Alejandro Castro y Lucrecia Zambrana. Los dos primeros ya se jubilaron, mientras que Cuello y Castro son actuales fiscales de Cámara en Villa Dolores. Por su parte, Zambrana se desempeña como fiscal de instrucción en la misma sede judicial.
La demanda civil fue presentada en febrero de 2025 por los abogados Emiliano Binante y Germán Romero Marcón, patrocinantes de M.A.R. El expediente recayó en Tribunales de Carlos Paz después de que varios magistrados de Villa Dolores se apartaran.
Denuncia penal contra los funcionarios
En diálogo con ElDoce.tv, Binante recordó que en paralelo a la demanda civil existe una denuncia penal contra los funcionarios. Este expediente está en manos de la fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Gallaratto.
“Esperamos que la Justicia Penal siga el mismo camino que la Justicia Civil, pero que esta vez sean individualizadas y, en su caso, condenadas las personas responsables de las graves omisiones que dieron lugar a esta situación”, expresó el letrado.
Binante cuestionó con dureza el rol de los funcionarios judiciales que debieron intervenir a tiempo. “El Estado fue condenado por el encubrimiento y la actuación irregular de funcionarios de turno que, lejos de cumplir con la responsabilidad que les imponía el cargo, terminaron generando un perjuicio que hoy debemos afrontar entre todos”, sostuvo.
El abogado advirtió que, en definitiva, las consecuencias económicas recaen sobre la sociedad. “Si quienes toman decisiones equivocadas y actúan al margen de sus deberes debieran responder con su propio patrimonio por las consecuencias de sus actos, seguramente ejercerían sus funciones con mayor prudencia y responsabilidad”, afirmó.
Binante también planteó una discusión sobre el ingreso y la permanencia en la función pública, especialmente dentro del Poder Judicial. “Cuando los errores, las omisiones o las verdaderas ‘burradas’ de determinados funcionarios terminan siendo pagadas con recursos del Estado, no paga el funcionario: pagamos todos los cordobeses”, remarcó.
