La puesta en marcha de la nueva Ley N° 27.801 de Régimen Penal Juvenil encontró un primer freno en la provincia de Buenos Aires. Apenas dos días después de su entrada en vigencia, la Justicia bonaerense ordenó suspender su aplicación durante 60 días.
La medida fue dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado en favor de adolescentes privados de su libertad.
El eje de la resolución está puesto en las condiciones del sistema bonaerense para recibir a una mayor cantidad de jóvenes. La nueva normativa reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, por lo que la magistrada advirtió que podría aumentar tanto el número de ingresos como la permanencia de adolescentes en los centros de detención.
Pascual planteó dudas sobre la infraestructura, los recursos profesionales y las condiciones de alojamiento disponibles. También señaló problemas en el acceso a educación, capacitación laboral y reinserción, y consideró necesario actuar de manera preventiva ante una eventual vulneración de derechos.
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Qué pasa en Córdoba
Mientras Buenos Aires deberá esperar, Córdoba avanza con la adecuación de su sistema al nuevo régimen nacional. Así lo explicó el pasado viernes en Noticiero Doce la secretaria general de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero.
“Lo que se hizo fue adecuar este código a la normativa nacional porque entra en vigencia a partir del 5 de septiembre”, señaló. Y agregó que Córdoba “va a ser la única provincia que ya tiene” su Código Penal Juvenil, cuya publicación se concretaría entre este lunes y martes.
La funcionaria remarcó que la respuesta frente a un delito cometido por un adolescente no necesariamente será la privación de la libertad. Entre las medidas previstas mencionó la asistencia obligatoria a la escuela, tratamientos, participación en talleres, trabajos comunitarios, mediación y mecanismos de justicia restaurativa.
“Cuando un joven comete un delito debe tener una sanción y se tiene que responsabilizar”, sostuvo Montero. Sin embargo, aclaró que si un juez considera insuficientes esas alternativas podrá avanzar hacia medidas más gravosas, incluida la privación de la libertad, con intervención de fiscales y defensores y, en Córdoba, con *escucha de la víctima*.
El nuevo régimen nacional establece que las penas de prisión para adolescentes tendrán un máximo de 15 años y prohíbe la perpetua. También contempla herramientas como tobilleras electrónicas y dispone que la privación de la libertad se cumpla en establecimientos especializados, sin contacto con adultos.
La diferencia entre ambas jurisdicciones aparece así desde el inicio de la reforma: mientras la Justicia bonaerense suspendió temporalmente su aplicación para evaluar si existen condiciones suficientes, Córdoba prepara su implementación con una normativa provincial adaptada al nuevo esquema nacional.
