Este martes 22 de septiembre inicia en la Cámara del Crimen de San Francisco el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la nena de 8 años que murió tras un incendio registrado en su vivienda en Brinkmann en noviembre de 2024.
En el banquillo están su madre, Rocío Milagros Rauch (28); su pareja, Ezequiel Matías Simeone (33); y un amigo de ambos, Cristian Hernán Varela (40).
Los tres están acusados de abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por la participación de más de una persona, además de homicidio criminis causa. El proceso se desarrolla con jurados populares.
El cuerpo de Aralí fue encontrado después de un incendio registrado el 1 de noviembre de 2024 en la vivienda donde se encontraba. De acuerdo con la investigación, el fuego habría sido provocado por Simeone con el objetivo de borrar evidencias.
Durante la etapa investigativa, el fiscal Oscar Gieco había informado que la niña presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y que sufrió una “muerte traumática” antes de que se iniciara el incendio.
También había indicado que la autopsia no detectó presencia de monóxido de carbono en los pulmones, por lo que la víctima ya estaba muerta al momento del fuego. La investigación señaló además un fuerte traumatismo de cráneo.
Imágenes claves
Las cámaras relevadas en la causa permitieron reconstruir movimientos de Simeone y Varela en la vivienda durante las horas previas. Según había detallado el fiscal, ambos estuvieron en el lugar dentro de la franja temporal investigada.
Con ese cuadro probatorio, la causa avanzó hasta esta instancia y desde este martes será un jurado popular el que deberá analizar la responsabilidad penal de los tres acusados.
Por la imputación que pesa en su contra, en caso de ser declarados culpables serán condenados a prisión perpetua.
El rol del Estado, en la mira
La familia de Aralí además plantea la necesidad de investigar las intervenciones y medidas de protección que debían resguardar a la niña y a sus hermanos.
Entre los cuestionamientos se encuentran las intervenciones previas ante situaciones de violencia y vulnerabilidad, la restitución de los niños al ámbito familiar y el seguimiento realizado posteriormente por los organismos de protección.
Los familiares solicitan que, a partir de la documentación y las investigaciones correspondientes, se determine si existieron fallas, omisiones o decisiones estatales que pudieron haber dejado a la niña en una situación de extrema vulnerabilidad.