Una fuerte disputa entre familias atraviesa a una escuela de Monte Cristo a partir de la situación de un alumno de 11 años con diagnóstico de autismo. La madre del niño sostiene que su hijo fue discriminado y denunció a la directora del establecimiento, mientras que un grupo de padres afirma que también deben garantizarse los derechos y la seguridad del resto de los estudiantes. El conflicto fue expuesto en un informe de Telenoche.
El enfrentamiento quedó en evidencia cuando la madre llevó al niño al colegio y encontró a un grupo de padres que se oponía a su ingreso. Según relató, los adultos entraron al establecimiento para retirar a sus hijos porque consideraban que el menor podía representar un peligro para ellos. En el ingreso, además, habían colocado carteles con un mensaje dirigido a la situación: “nosotros vamos a cuidar la integridad de nuestros chicos y nos llevamos nuestros alumnos”.
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“Yo me presento un día lunes al colegio y me encuentro con un grupo de padres que estaba en contra del ingreso del menor al colegio. Ingresa el niño y los padres ingresan de forma muy violenta al colegio a retirar a sus hijos considerando a mi hijo peligroso para los suyos”, contó la madre en diálogo con Telenoche. Luego describió las consecuencias que tuvo para su hijo: “De pronto tenemos un niño que llora porque se ha quedado sin amigos, y desde ese día no ha vuelto más”.
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Del otro lado, una de las madres que participa del reclamo rechazó que exista una postura discriminatoria contra el alumno. “No somos un grupo de padres patoteros, sino que somos un grupo de padres que también buscamos que se respeten los derechos de nuestros hijos. Tanto del lado nuestro, como del niño. No hacemos ningún tipo de discriminación, nada”, afirmó. Según planteó, el cuestionamiento está dirigido a la conducción de la escuela por la manera en que se habría abordado el conflicto.
La mujer aseguró además que las familias habían advertido sobre situaciones que consideraban graves. “Ellos sabían de esta gravedad de los problemas, hubo agresiones, hubo renuncia de varias maestras”, manifestó. Otra madre sostuvo que también se habría producido “una vulneración a los límites corporales a varias compañeras y compañeros”. Esas afirmaciones forman parte de los reclamos planteados por las familias que se oponen al regreso del niño al establecimiento.
Frente al conflicto, la Inspectora de Educación Pública estatal, Lía Rapalín, explicó que el Ministerio de Educación intervino desde que apareció el primer episodio y que se realizaron talleres con docentes y estudiantes. También señaló que los procesos de inclusión contemplan el acompañamiento correspondiente: “Si hubiese estado acompañado con, aparte de su maestra su acompañante terapéutica, todos los procesos de inclusión se hacen así”. Según indicó, las autoridades continúan trabajando y esperan que el alumno pueda volver a clases.
La abogada especializada en discapacidad Marta Lastra planteó que el debate debe contemplar los derechos de todas las personas involucradas. “Ningún derecho es absoluto: el derecho de las personas con discapacidad y el derecho de todas las personas para acceder a la educación tampoco es absoluto”, sostuvo. En ese marco, explicó que los ajustes deben ser razonables y consideró que deben evaluarse herramientas como el acompañamiento terapéutico y las terapias necesarias. “El objetivo tiene que ser la convivencia”, afirmó. Al mismo tiempo, dejó una pregunta sobre el lugar que ocupa el niño en medio de la disputa: “Ahora, ¿quién escucha a ese niño? Hay que entender a una persona que no puede usar palabras”.
