La investigación por presuntas irregularidades en la Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción de Córdoba sumó detenciones y graves señalamientos contra autoridades de distintas instituciones. Entre los alcanzados por la medida se encuentra Nicolás Luis Paulín, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia, quien fue detenido este miércoles.
La causa está a cargo del fiscal Enrique Gavier y se centra en presuntas maniobras de defraudación por administración fraudulenta. Durante la jornada se realizaron allanamientos en instituciones profesionales, entre ellas el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC), y en una vivienda particular.
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El decreto judicial al que accedió ElDoce.tv, fechado el 20 de octubre, expone los motivos por los que la Fiscalía consideró necesario avanzar con las detenciones. Según el documento, se detectaron graves actos de entorpecimiento de la investigación, atribuidos a varios de los imputados.
El fiscal sostuvo que esas conductas generaron un riesgo para el desarrollo del proceso judicial y que era necesario adoptar medidas para preservar elementos vinculados con los hechos investigados.
Quiénes son los cinco imputados con orden de detención
La resolución dispone detener a cinco personas por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta:
- Nicolás Luis Paulín: presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba.
- Inti Manuel Smith: imputado al que la Fiscalía atribuye maniobras de entorpecimiento desde su posición como autoridad de una institución profesional. También señala que salió de la provincia sin autorización judicial.
- Carmen Encarnación Rodríguez: señalada por presuntas acciones para obstaculizar la investigación desde su función como autoridad de una de las entidades profesionales involucradas.
- Luis Adán Calderón: acusado de interferir en el proceso y de haber informado un domicilio que no coincidía con su residencia real.
- Liliana Rosa Scaglia: vocal suspendida del Directorio de la Caja de Previsión, a quien se atribuyen presuntas interferencias mediante contactos con autoridades, empleados y profesionales vinculados con la Caja y el CIEC.
El documento señala específicamente a Paulín, Smith, Rodríguez y Calderón por actuaciones desarrolladas desde sus posiciones como autoridades de los colegios profesionales. Sin embargo, no precisa el cargo individual de cada uno de los últimos tres ni identifica a cuál de las dos instituciones pertenecen.
Por qué el fiscal ordenó las detenciones
Uno de los puntos centrales de la resolución es la existencia de presuntas maniobras destinadas a dificultar el avance de la investigación. Según Gavier, los elementos incorporados por el interventor judicial de la Caja, Pablo Artino, permitieron corroborar actos de entorpecimiento atribuidos a los imputados.
El fiscal también identificó dos incumplimientos concretos de las condiciones que se habían impuesto para que algunos acusados permanecieran en libertad.
En el caso de Inti Manuel Smith, sostuvo que salió de Córdoba sin contar con autorización de la Fiscalía. Respecto de Luis Adán Calderón, indicó que faltó a la verdad sobre el domicilio en el que residía.
Ambas situaciones, de acuerdo con el decreto, implicaron una violación de las restricciones judiciales que habían sido establecidas y notificadas durante junio y julio. Para la Fiscalía, la combinación de estas conductas y las presuntas interferencias representaba un grave riesgo procesal que justificaba ordenar las detenciones.
Una nueva imputación y el vínculo con un exfuncionario municipal
Además de las cinco órdenes de detención, el fiscal dispuso imputar a Pablo Antonio Calapiña por presunto encubrimiento. En su caso, ordenó citarlo, identificarlo y recibirle declaración oportunamente, pero no dispuso su detención en esta resolución.
El expediente también menciona a Gustavo Noé Mícolo, Ana Margarita Ruzycki y Diego Peralta, aunque el decreto no establece nuevas medidas de detención contra ellos. Peralta era secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba. En julio pasado fue imputado en la causa y posteriormente solicitó una licencia sin goce de sueldo.
La investigación continúa para determinar las responsabilidades por las presuntas irregularidades en la Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción.
