La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación de Córdoba condenó a los integrantes de una organización delictiva que operaba desde la cárcel de Bouwer y también fuera del penal, con una estructura dedicada al narcotráfico y a los robos en viviendas.
Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal logró acreditar que parte de la banda coordinaba desde el Complejo Carcelario N° 1 Reverendo Padre Luchesse el ingreso, acopio, fraccionamiento y comercialización de cocaína y marihuana.
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Al mismo tiempo, otro sector de la organización participaba en robos domiciliarios bajo la modalidad conocida como “escruche”, es decir, ingresos a casas cuando sus ocupantes no estaban.
Uno de los hechos más importantes atribuidos al grupo fue el robo de cerca de 100 mil dólares y una importante suma de pesos de una vivienda de barrio Villa Centenario.
Las penas para los principales acusados
Gastón Maximiliano Ferreyra recibió la condena más alta: ocho años y seis meses de prisión efectiva, multa y declaración de reincidencia como jefe de asociación ilícita y por su participación en la logística vinculada con los estupefacientes.
Jorge Ezequiel Acosta fue condenado a siete años y seis meses de prisión efectiva, multa y reincidencia por comercialización agravada de drogas dentro de un establecimiento carcelario.
Jorge Antonio Acosta y Norma Alejandra Arias recibieron seis años de prisión efectiva cada uno por su intervención en la logística externa y la administración financiera de la actividad ilegal.
Alexis Gabriel Juhel también fue condenado a seis años, como integrante de la asociación, coautor de robo calificado y por tenencia ilegal de armas de guerra.
La misma pena recibió Pedro Alejandro Novillo, conocido como “el Zapatero”, considerado partícipe necesario en el ingreso de drogas ocultas dentro de calzado acondicionado con doble fondo.
También hubo condenas de prisión efectiva y declaraciones de reincidencia para Walter Manuel Coria, Brian Javier Narváez, Juan Manuel Farías y Jesús Aníbal Mati.
En tanto, Elsa Romina De Goycoechea, María Elena Villagra y Fernando Gustavo Farías recibieron condenas de ejecución condicional por tres años, con reglas de conducta.
Drogas ocultas en calzado y una estructura financiera
La investigación determinó que internos alojados en el módulo MX2 de Bouwer utilizaban comunicaciones clandestinas para coordinar con personas del exterior el movimiento de los estupefacientes.
Entre los métodos para ingresar droga al penal figuraba el acondicionamiento artesanal de calzado con doble fondo, además del uso de visitas y encomiendas.
La Justicia también dio por acreditada la existencia de una estructura financiera que vinculaba el dinero proveniente de los robos y del narcotráfico.
Según la investigación, esos fondos eran utilizados para comprar vehículos y otros bienes, mientras que cuentas bancarias y billeteras virtuales servían para financiar la compra de droga y pagar a quienes la ingresaban al penal.
