Ximena Chedid es una madre de seis hijos que vive en Santiago del Estero y desde hace años denuncia a su ex pareja. Tras cinco años de reclamos, decidió hacer pública su situación a través de las redes sociales, en donde compartió una fuerte historia de violencia, amenazas, intimidaciones y falta de apoyo económico.
"El Estado santiagueño (entre los que incluyo a los Tribunales provinciales, la Oficina de Violencia de Género y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) nos desamparo a mí y a mis seis hijos (...). La situación que venimos viviendo hace cinco años desde que me divorcié del padre de mis hijos es insostenible", comenzó a relatar.
"Declarándose 'insolvente', comenzó a depositar 3 mil pesos mensuales y dejó de pagar la obra social", denunció la mujer.
De acuerdo a su versión, todo comenzó en 2014, con una audiencia de mediación por alimentos y régimen de visitas, donde su ex, Jorge Alegre, "se comprometió a pasar la manutención por la suma de 10 mil pesos más la obra social". "Esto solo se cumplió por tres meses, porque junto a su abogada contemplaron y decidieron que se trataba de una suma excesiva de dinero y de pronto, declarándose 'insolvente', comenzó a depositar 3 mil pesos mensuales y dejó de pagar la obra social", repasó.
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El drama se agigantó ante un problema de salud de uno de los hijos, que padece una afección en los riñones y solo le funcionan en un 50 por ciento. "Hace dos años tuve que recurrir a la ayuda de amigos para pagar unos estudios de alta complejidad, los cuales se negó a pagar su padre", añadió la mujer.
El relato continuó denunciando más situaciones aberrantes: "En el año 2015 se jactó ante nuestros conocidos de que tenía el poder de 'joderme la vida' (palabras textuales) cuando él lo quisiera y, fiel a su voluntad de cumplir con lo que se propone (y con ayuda de jueces corruptos), armaron una causa en mi contra (...) y autorizaron mi detención aduciendo desobediencia judicial aprovechando una medida de prohibición de acercamiento para ambas partes".
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Sin embargo, Chedid afirmó que esa detención, realizada en la puerta del jardín de infantes donde asiste uno de los niños, fue irregular: "Como si fuera una delincuente, el personal femenino me subió al móvil y me trasladó a la comisaría del menor y la mujer, donde comenzó un calvario. Inmediatamente se hizo presente un abogado para decirme que me quede 'piola porque pusieron mucha plata para que esto se lleve a cabo'".
"El personal policial del lugar me ordenó limpiar los baños y cocinarle al personal de turno y, como si fuera poco, a redactar los ingresos para reducir sus tareas. No me permitieron ingresar ni una frazada siendo que estábamos a la intemperie junto con las demás detenidas. Fueron cinco días de estar incomunicada sin saber nada de mis hijos", marcó indignada.
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A partir de allí, siempre según su denuncia, "comenzó el verdadero tormento con amenazas permanentes, hostigamiento y agresiones físicas por personas enviadas con mensajes intimidatorios". En ese sentido, subrayó que dejan "apostada gente en la vereda de casa para transmitirle a 'alguien' mis movimientos".
"Mi decisión de hacer pública la situación se debe a que hace unos meses, de nuevo y a su antojo, el progenitor de mis hijos decidió que la cuota por alimentos ahora sería de 2 mil pesos, monto que representa el 25 por ciento de lo que les pasaba en 2014", completó Chedid.
