Ramón Tobares tuvo que ser retirado de la institución tras un avanzado deterioro en su estado de salud. Su esposa, Clara Rodriguez, al ver las condiciones en las que estaban los residentes del geriátrico, decidió sacarlo de ahí y llevar a cabo la denuncia. Al realizar todos los trámites pertinentes, se enteró de que para Tribunales, el establecimiento figuraba como clausurado.
Maximiliano Albarracín, un ex-empleado del lugar, dijo que los abuelos estaban viviendo una situación de violencia física y psicológica diaria. A algunos ancianos directamente no se les permitía hablar. Los empleados sólo los podían bañar de vez en cuando, y reutilizando elementos de limpieza, un claro riesgo para la higiene. De acuerdo a Albarracín, él vio al dueño, un falso pastor, en una situación "muy fea", con una visual relacionada al alcohol y las drogas.
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