Con mas de 850 damnificados, en su mayoría personas que denunciaban la falta de materiales comprados por acopio, la justicia dictó la detención del dueño de la empresa.
La estafa rondaría los 38 millones de pesos. De acuerdo a Carlos Nayi, el abogado querellante, se estima un monto de 40.000 pesos para cada damnificado.
A su vez, Nayi dio su opinión con respecto a la decisión del fiscal Gonella en el caso CBI.