El organismo pidió al estado argentino indemnizar a las empresas ya que el método de estatización "no fue el correcto". Si bien para el estado la suma de U$S320 millones no es un gasto tan grande -teniendo en cuenta las otras deudas de la nación-, los que siempre terminan pagando son los mismos ciudadanos.
Los argentinos pagan por los errores y contradicciones de los diputados y senadores. Casualmente, los mismos funcionarios que votaron por la privatización de Aerolíneas fueron los mismos que en el 2007 levantaron la mano a favor de su expropiación.