Los hechos ocurrieron en Andalucía, España. El aparato judicial regional tomó una decisión que puede ser calificada como disparate: De acuerdo a los jueces, este caso fue un simple accidente de trabajo, con una indemnización valuada en algunos euros. Cabe destacar que el hombre mató a su esposa en la casa de sus padres, y no en donde trabajaba. La (falta de) lógica del cuerpo judicial andaluz indicaba que debido al origen del problema, se trataba de una cuestión íntimamente ligada al ámbito laboral.
La viuda del empleador recibió la indemnización, y para colmo, quedó satisfecha con la decisión de los tribunales. Otro detalle no tan mínimo es el siguiente: La justicia no dictó ninguna sentencia para el asesino.
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