Mientras Brasil intenta contener la violencia del Comando Vermelho, la Justicia argentina avanzó sobre una red local vinculada al grupo, que lavaba activos mediante criptomonedas, empresas fachada y bienes de lujo. El caso, que comenzó en 2022 y tuvo resoluciones en las últimas semanas, reveló cómo la estructura narco brasileña se extendió al sistema financiero argentino.
El Tribunal Oral Federal N°7 de Buenos Aires condenó a ocho personas a tres años de prisión en suspenso por formar parte de una organización dedicada al lavado de dinero de la banda asentada en Río de Janeiro. Además, dispuso multas por $2.460 millones y el decomiso de bienes y fondos: más de 271 mil dólares, 28 mil reales, 4.500 euros y una flota de autos de alta gama, entre ellos un BMW Serie 330i, una Ford Ranger y un Volkswagen Vento.
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La investigación fue impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y contó con la asistencia técnica de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI). Según la fiscalía, los fondos provenían de actividades criminales del Comando Vermelho y eran canalizados hacia la Argentina y otros países de la región mediante transferencias informales y operaciones con criptoactivos.
Entre los principales acusados figuran Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, señalados como los líderes de la estructura, quienes aún permanecen prófugos y son buscados en todo el país. Según el Ministerio Público Fiscal, su rol era coordinar la transferencia de dinero ilícito desde Brasil hacia cuentas y billeteras virtuales argentinas, utilizando identidades falsas y testaferros.
Brutal operativo
La conexión con el Comando Vermelho cobra especial relevancia tras el brutal operativo en Río de Janeiro, donde esta semana un megaoperativo policial dejó al menos 64 muertos y más de 80 detenidos. Mientras el gobierno brasileño busca frenar la expansión del grupo en las favelas, la Justicia argentina intenta cortar su rama financiera.
El caso, considerado un precedente clave en la lucha contra el lavado de activos, no solo expone el nivel de sofisticación del crimen organizado regional, sino también la necesidad de reforzar la cooperación internacional para frenar la infiltración económica de organizaciones narco en la región.
