La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años detenida en Brasil por realizar gestos racistas en un bar de Ipanema, se agravó en las últimas horas. Este jueves, el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro ordenó su prisión preventiva tras considerar que existen riesgos concretos de fuga y de posible intimidación a testigos y víctimas.
Hasta ahora, Páez permanecía en libertad bajo estrictas condiciones: tenía prohibida la salida del país, el pasaporte retenido y llevaba colocada una tobillera electrónica. Con la nueva resolución, será un juez quien determine su traslado a un centro de detención mientras avanza el proceso judicial.
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La abogada está imputada por el delito de injuria racial, una figura penal grave en Brasil que prevé penas de entre dos y cinco años de prisión. Según la resolución judicial, mantenerla en libertad podría “generar un grave perjuicio a la instrucción criminal”, ya que existiría la posibilidad de que influya sobre los testimonios de las víctimas y testigos.
El episodio que originó la causa ocurrió el pasado 14 de enero, cuando Páez se encontraba en un bar de Ipanema junto a amigas. Tras una discusión por el pago de la cuenta, se dirigió a los mozos con expresiones ofensivas y realizó gestos simulando un mono. De acuerdo con la investigación, esos comportamientos continuaron incluso después de que abandonara el local.
La fiscalía remarcó que los hechos fueron respaldados por declaraciones coincidentes de las víctimas, testigos presenciales y registros de cámaras de seguridad. Además, indicaron que una de las mujeres que acompañaba a Páez intentó frenar su conducta, lo que refuerza la intencionalidad de los actos denunciados.
La reacción de la argentina
En las últimas horas, la propia Agostina Páez difundió un video en su cuenta de TikTok en el que manifestó su angustia por la medida judicial. “Recibí la notificación de que hay una orden de prisión preventiva para mí, por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica y estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”, expresó. “Estoy desesperada y muerta de miedo”, agregó.
La investigación fue cerrada por la Policía Civil el 23 de enero al considerar que existían pruebas suficientes para avanzar contra la abogada. Para los fiscales, la conducta de Páez “excedió cualquier discusión circunstancial” y constituyó un acto claramente discriminatorio, lo que derivó en una de las decisiones judiciales más severas del proceso hasta el momento.
