En el refugio Parque Animal en Torremolinos, Málaga (España), funcionaba una organización sin fines de lucro que se dedicaba a cuidar animales abandonados. Sin embargo, se llevaban prácticas aberrantes y terroríficas para abaratar costos y privilegiar las actividades privadas lucrativas.
Carmen Marín Aguilar (72) era presidenta de la asociación y, junto a Felipe Barco Gómez (55), empleado del refugio, mataron a 2.183 animales entre enero de 2009 y octubre de 2010. Utilizaban dosis de medicamentos inferior a la que los veterinarios recomendaban y se lo inyectaban directamente en el músculo.
Si bien había cámaras de seguridad en el lugar, eran desconectadas cuando mataban a los perros y gatos que había en el lugar. Además, ponían música a todo volumen para que no se escuchen lo aullidos de las mascotas.
Ahora, Marín Aguilar fue sentenciada a tres años y nueve meses de cárcel tras provocar “una muerte lenta, dolorosa y prolongada agonía” al animal y deberá pagar una multa de 19.800 euros. Barco Goméz recibió una peña de un año de cárcel y deberá pagar 3.600 euros de multa por cooperar con los asesinatos.