El líder de la declaración de la independencia de Cataluña está desde este viernes en Bruselas. Las autoridades belgas deberían entregarlo si los tribunales de Madrid aprueban una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).
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Este jueves, Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros no concurrieron a la citación de la justicia por rebelión, sedición y malversación. Debido a este faltazo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España le requirió a la jueza Carmen Lamela que arbitre los medios legales para detenerlos.
Además de al ex presidente, el pedido de arresto afectaría a los consejeros Lluís Puig (Cultura), Meritxell Serret (Agricultura), Antoni Comín (Salud) y Clara Ponsatí (Enseñanza). La medida excluye a los ocho funcionarios que sí concurrieron a declarar, aunque sobre ellos pesa una solicitud de prisión incondicional preventiva.
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Si la jueza aprueba el OEDE, el ex mandatario de Cataluña y sus funcionarios, estarán en condición de fugitivos y podrán ser detenidos en cualquier momento. Ocurrida la extradición, la magistrada decidirá si los traslada a la cárcel.
Puigdemont declaró en Bruselas que no está buscando asilo político y que no tiene previsto regresar a España porque “desconfía de la autonomía de la justicia del país”.