Al menos una decena de personas, que participaban ayer en Caracas de una marcha hacia el Parlamento, resultaron heridas. La Policía Nacional Bolivariana dispersó con balas goma y gases lacrimógenos a la manifestación que solicitaba la destitución de siete miembros del Tribunal Supremo de Justicia por parte del congreso. Se trata de los magistrados que, la semana pasada, habían decidido (y revocado posteriormente) asumir la competencia legislativa.
Julio Borges, líder de la Asamblea Nacional, denunció que él mismo, otros tres diputados y el doblemente candidato opositor a la presidencia, Hernán Capriles, fueron víctimas de la actuación policial.
De los legisladores que estaban apoyando a los manifestantes, Henry Ramos Allup, Richard Blanco y Milagro Valero debieron ser hospitalizados por los golpes recibidos y la irritación que produce el gas antidisturbio.
La actuación policial recibió el repudio del Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó a la represión como "brutal". Además, denunció que hay participación de fuerzas civiles de choque en Venezuela, criticando al gobierno chavista porque al "situarse al margen de la legalidad constitucional interamericana, se vuelca una vez más en represión contra su propio pueblo".
Aunque el Supremo devolvió las funciones propias sobre creación de leyes a la Asamblea Nacional, la oposición en Venezuela reclama la destitución de sus miembros porque, aduce, pretendieron dar un "golpe de Estado".
Por su parte, el presidente del máximo tribunal, Maikel Moreno, advirtió que la Asamblea no tiene la atribución legal ni legítima para remover a los ministros de poder judicial porque estaría, de esta manera, en desacato a las decisiones del TSJ.