La polémica irrumpió en el panorama internacional, una vez que se confirmó la noticia de que el gobierno del Reino Unido, presidido por el primer ministro Boris Johnson, aprobó un plan migratorio en el que se enviarán a Ruanda a los solicitantes de asilo y a los que ingresen al país ilegalmente.
Por su parte, Johnson anunció que “la Royal Army –Armada Real- asumirá el mando operativo en el canal de la Mancha para garantizar que ningún barco llegue al Reino Unido sin ser detectado”. Además, se destinarán alrededor de 50 millones de libras esterlinas para llevar a cabo los operativos de vigilancia.
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El proyecto cuenta con la participación de Ruanda, país africano que se encuentra a 6.500 kilómetros de distancia de Londres. El pequeño estado cerró al acuerdo junto al gobierno británico a través de la ministra del Interior, Priti Patel, que viajó a la ciudad capital de Kigali para cerrar el trato de 157 millones de dólares.
“El programa tiene como objetivo acoger a demandantes de asilo y migrantes, y darles una vía legal para la residencia”, informó Vincent Biruta, ministro ruandés de Relaciones Exteriores.
Fuerte condena
En contrapartida, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) repudió la medida del gobierno británico. “Las personas que huyen de la guerra, de conflictos y de la persecución merecen compasión y empatía. No deben ser intercambiadas como si fueran mercancías y trasladadas al extranjero para ser procesadas”, aseveró Gillian Triggs, Alta Comisionada Auxiliar del ACNUR.
