La terminaron de romper. Esa relación que se había deteriorado entre los ciudadanos que circulan en vehículos y la Policía Caminera de Córdoba ha estallado por los aires.
Y no hay otra explicación que una responsabilidad política mayúscula por haber dinamitado una de las dependencias policiales que algo le quedaba de respeto social.
La detención del jefe de la Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, es un mazazo a lo que le quedaba de confianza a la división policial, que venía siendo objeto de cuestionamientos desde hace tiempo.
Ochoa Roldán y otros integrantes de la Caminera y de la Policía integraban una banda que cometía diferentes delitos usando datos de la propia fuerza.
La gravedad de los hechos es de una magnitud compleja de mensurar pero valga para aproximarse el hecho de que un fiscal que no se caracteriza por ser implacable con el poder como Guillermo González haya decidido avanzar con detenciones e imputaciones.
La reacción del Gobierno, con el fiscal González y el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros sentados al lado, fue plantear que los hechos cometidos nada tienen que ver con las multas de la Caminera.
Pero reconocieron ambos que Ochoa Roldán usaba su cargo para acceder a los datos oficiales reservados.
Toda la carrera del comisario detenido fue a la par del actual jefe de la Policía, Leonardo Gutiérrez, de quien fue su secretario privado mucho tiempo.
Más allá que logren demostrar que no usaban datos de infracciones de tránsito para cometer hechos delictivos, a la Caminera le va a costar muchísimo recomponer la relación con la ciudadanía. Porque demos por cierto, algo por demás dudoso, de que las multas no tienen nada que ver: ¿cómo hará cualquier ciudadano que es sancionado en un control para escindir la conducta del agente lo controla con la del responsable de la división?
La Caminera de Córdoba tenía una imagen distinta a la de otras provincias. Tenía. La acaban de hacer añicos, aunque los hechos cometidos por su jefe tengan relación con otros espinosos datos policiales.
Ochoa Roldán fue promovido y ascendido al Estado Mayor (incluso sin cumplir todos los requisitos) por el actual ministro de Seguridad, que dijo que para él tenía una foja intachable y no hizo otra averiguación, según reconoció en la conferencia de prensa en Jefatura.
Todavía Quinteros no logra explicar por qué designó al detenido Alejandro Mercado como subjefe de la Policía.
En la confirmación de la prisión preventiva de Mercado, el fiscal Enrique Gavier describe que tiene antecedentes de haber cometido delitos desde 2007 y deja constancia que hubo actuaciones en el Tribunal de Conducta policial. O sea, muy intachable no tenía la foja.
El ministro lució dubitativo, balbuceante, temeroso, mezclando conductas de simples agentes con las de integrantes del Estado Mayor, intentando equiparar las faltas de un ciudadano común con las de los responsables de la principal fuerza de seguridad provincial.
En algún momento, pareció añorar a ese dirigente opositor que cuestionaba en sus redes sociales a la Caminera, hace apenas tres años.
La situación del ministro es de máxima debilidad. La permanencia de Quinteros en el cargo ya está en la misma situación que atravesó su antecesor Alfonso Mosquera, que se quedó varios meses en el cargo porque no encontraban a nadie que se hiciera cargo de la brasa caliente de la Seguridad.
Es el área más crítica que tiene el Gobierno provincial y el centro de los mayores reclamos ciudadanos.
Tanto el gobernador Martín Llaryora como su ministro Quinteros volvieron a tropezar con esto de que no todos “los de azul son los buenos”.
