La calaña de un régimen puede justificar políticamente una acción militar en su contra, pero no necesariamente legitimarla en términos legales.
Venezuela está en manos de un régimen calamitoso. Una dictadura esperpéntica que destruyó la economía, empobreció a toda la sociedad, causó una diáspora de dimensiones bíblicas y montó una economía ilegal que le permite tener arcas clandestinas abarrotadas de dólares provenientes de sociedades con el narcotráfico y con la explotación ilegal del Arco Minero en la Cuenca del Orinoco.
Por todo eso, sería una muy buena noticia que se derrumbe ese régimen que persiste merced a la brutal represión que ejerce sobre la disidencia. Si se desploma por fracturas internas o por ataques demoledores de los Estados Unidos, y al lugar que hoy ostenta Nicolás Maduro lo ocupa Edmundo González Urrutia, no sería un golpe de Estado y la creación de un gobierno ilegal. La ilegalidad es la que ejerce Maduro desde hace muchos años, pero de la forma más descarada desde su evidente y abrumadora derrota en las elecciones presidenciales del año pasado.
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El ganador en las urnas fue González Urrutia y, por ende, si se hiciera cargo de la presidencia se estaría cumpliendo el veredicto de las urnas donde se expresó la voluntad popular. En otras palabras, Venezuela empezaría a recuperar la legalidad perdida.
Sin embargo, aunque la caída del régimen sería una buena noticia para la amplia mayoría de los venezolanos, lo que está haciendo en el Mar Caribe la flota militar norteamericana es una violación del derecho internacional. Los videos que difunde la Casa Blanca borran cualquier duda sobre la ilegalidad de esos actos.
Las imágenes muestran lanchas que tienen la apariencia de ser embarcaciones que transportan cocaína. La velocidad a la que marchan es uno de los datos que justifican la sospecha. Pero la apariencia no implica certeza. En términos de legalidad, no se puede bombardear una embarcación por lo que aparenta ser.
Las acciones norteamericanas en el Mar Caribe se acercarían más al derecho y al sentido común, si en lugar de lanzarle misiles aniquiladores desde el aire, persiguiera a esas embarcaciones, las capturara y requisara para confirmar o no su sospecha.
Tendría más lógica y menos ilegalidad, seguir desde el aire con drones a esas lanchas hasta ver donde desembarcan. En lugar de eso, lo que hace el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, es poner en la mira cada lancha sospechosa que detectan sus drones y radares, y dispararles dando por hecho que se trata de embarcaciones que pertenecen, o bien al Cartel de los Soles, o bien al Tren de Aragua, dos organizaciones con nexos entre sí y también posibles nexos con la dictadura de Nicolás Maduro.
Atacar letalmente un blanco por simple sospecha sólo resulta entendible (no necesariamente justificable) en el marco de la guerra. Ese es precisamente el término planteado por la Casa Blanca: guerra contra el narcotráfico. Y si para el atacante esa guerra justifica tales ataques en el mar, justifica también atacar objetivos “enemigos” en tierra. O sea, atacar blancos del narcotráfico allí donde se encuentren. Lo cual debería inquietar a la totalidad de los países latinoamericanos, porque en todos hay organizaciones narcotraficantes.
Sin embargo, está claro que no todos los países latinoamericanos con metástasis del narcotráfico temen ser blancos de ataques en sus territorios. Sólo Venezuela puede ser escenario de un desembarco masivo, o de una operación quirúrgica de comandos de elite acompañados de bombardeos, o simplemente bombardeos que no impliquen tropas en tierra.
Ocurre que la declaración de “guerra al narcotráfico”, sumado a la calificación de jefe y subjefe del Cartel de los Soles que Washington aplicó a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, convierte en blancos de sus ataques anti-narcos al Palacio de Miraflores, el Ministerio de Justicia y Seguridad, así como también al Ministerio de Defensa y los cuarteles militares.
Es en el edificio de la presidencia de la nación y los otros señalados donde tienen sus despachos y sus bunkers los capos de la mafia-narco que describe el gobierno norteamericano.
Si el régimen de Maduro cae y la presidencia pasa a manos de quien fue elegido por la voluntad popular en las urnas del 2024, González Urrutia, será una buena noticia para el mundo. Pero un ataque norteamericano a Venezuela no gozará de legalidad y trae por primera vez una guerra directa de Estados Unidos en territorio sudamericano.
Desde el istmo centroamericano hasta México y en todo el arco antillano, hubo decenas de invasiones e intervenciones militares norteamericanas. Pero no en Sudamérica.
En el subcontinente se han producido injerencias inaceptables y conspiraciones golpistas urdidas y ejecutadas por la CIA. Han puesto y sacado gobernantes desde Washington. No obstante, un ataque como el que podría ocurrir en los próximos días o semanas en territorio venezolano, sería un hecho sin precedentes en territorio sudamericano.
