La sorpresa no es que Daniel Ortega anunciara que ya no habrá elecciones en Nicaragua. Desde hace más de una década se trata de un régimen abiertamente autoritario. La sorpresa es el descaro y el anacronismo de la medida. Desde la recuperación de las democracias en Latinoamérica, las derivas autoritarias se canalizan a través del uso arbitrario del aparato estatal y de la competencia electoral en términos desiguales o, lisa y llanamente, el fraude. Pero las dictaduras como las que abundaron en el siglo 20, en las que, con excepciones como la del paraguayo Alfredo Stroessner, los dictadores ni siquiera simulaban actos electorales, quedaron en el pasado.
En estos años, la excepción de dictadura sin máscaras electorales era solamente Cuba. Nicolás Maduro hacía elecciones amañadas y con la cancha totalmente inclinada a su favor. Pero en la última elección, su derrota frente al candidato opositor González Urrutia fue tan grande que un siquiera pudo dibujar un escrutinio fraudulento, por lo que se proclamó vencedor sin mostrar jamás las actas electorales.
Ahora, implícitamente, Daniel Ortega se ha proclamado lo que lleva años siendo: el dictador de Nicaragua.
Su deriva autoritaria fue in crescendo. Comenzó en el 2005 cuando canceló las primarias de su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) porque todo indicaba que las perdería contra su camarada, el popularísimo alcalde de Managua Herty Lewites.
Las brutales represiones contra las masivas protestas del año 2018 fueron un avance decisivo en dirección del autoritarismo. Y en el 2021, la marcha hacia la dictadura se volvió irreversible con el encarcelamiento del 40 dirigentes que denunciaban la corrupción y el autoritarismo de su gobierno. Entre los encarcelados hubo figuras históricas de la guerra de guerrillas que derribó la dictadura de la dinastía Somoza en 1979. Por ejemplo Dora Tellez, comandante del FSLN que participó de la histórica toma del Palacio Nacional junto al comandante Cero, Edén Pastora. También Hugo Torres, quien en 1974 tuvo un rol clave en la Operación Diciembre Victorioso, que liberó de una prisión somocista a líderes sandinistas, entre ellos el propio Daniel Ortega, quien entre los privados de la libertad por criticarlo incluyó a su propio hermano, el comandante Humberto Ortega.
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El paso siguiente fue encarcelar a cada figura de la disidencia que pudiera vencerlo en una elección presidencial. La primera fue Cristiana Chamorro, hija de Violeta Barrios, la mujer que lo venció en las urnas de 1989. También fue encarcelado Félix Madariaga cuando las encuestas mostraban que vencería a Ortega. Lo mismo ocurrió a renglón seguido con Juan Sebastián Chamorro, Arturo Sequeira y otros dirigentes que habrían derrotado al orteguismo en elecciones libres.
Ya en la dimensión de la dictadura pura y dura, el paso siguiente fue proclamar un absurdo régimen bicéfalo. Los dos presidentes en funciones son Ortega y quien, hasta ese salto hacia lo desopilante, había sido su vicepresidenta pero quería más poder: su esposa Rosario Murillo.
Como si algo faltara para que la dictadura fuese aún más explícita, Ortega dio públicamente por muerto al sistema electoral, anunciando que ya no habrá elecciones en Nicaragua.
