La discusión sobre los límites a la tenencia extranjera de tierras rurales nos invita a poner la lupa sobre las provincias para saber qué porcentaje de territorio está en manos de propietarios de otros países.
En Argentina hay 266.643.212 hectáreas rurales. De ese total, 13.262.725 son de capitales extranjeros. La cifra representa el 4,97 por ciento del total y es equivalente a la superficie total de países como Honduras o Grecia. Los datos corresponden al Registro Nacional de Tierras Rurales y tienen como última actualización agosto de 2025.
De las 23 provincias argentinas —se excluye la Capital Federal, que es zona urbana—, Córdoba es la que menor porcentaje de propiedad extranjera tiene en su tierra. De un total de 16.269.483 hectáreas, 196.834 no tienen propietarios nacionales; es decir, solo el 1,21 por ciento del territorio rural cordobés pertenece a capitales privados extranjeros.
La provincia de Santa Fe exhibe un porcentaje del 1,71 y Entre Ríos completa la Región Centro con un total de 3,23 por ciento. Provincias como Buenos Aires, San Luis y La Pampa mantienen porcentajes inferiores al 3 por ciento.
En el otro extremo del mapa de extranjerización se encuentra la provincia de Salta, con 11,31 por ciento de superficie en manos de capitales foráneos. Le sigue Misiones, con 11,29 por ciento. Completa el podio la provincia de San Juan, con el 10,36 por ciento de sus tierras rurales extranjerizadas.
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La tendencia muestra que la incidencia aumenta en las provincias de frontera. La Patagonia, con excepción de Río Negro, también tiene un porcentaje mayor al promedio nacional. En este sentido, Santa Cruz posee el 8,11 por ciento de su superficie rural en manos extranjeras. La cifra se eleva en el departamento Lago Argentino, dotado de grandes territorios con bosques, lagos y glaciares.
La ley de tierras sancionada en 2011 y derogada por el decreto de Javier Milei establecía un límite del 15 por ciento a la extranjerización de la tierra. Además, preservaba zonas de frontera y con acceso a espejos de agua. Tras el reciente fallo de la Corte, el decreto 70/2023 recupera vigencia y reabre el debate sobre la necesidad de aplicar restricciones a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
