En campaña suelen hacerse promesas incumplibles. Ocurre en todas partes, con agrupaciones políticas de diferentes perfiles. Pero en la Argentina de hoy ese desfase entre las fantasías del discurso electoral y la política aplicada en la práctica es, una vez más, abismal.
El Presidente Alberto Fernández había hablado de arrancar su gestión subiendo el 20% las jubilaciones nacionales, que son la enorme mayoría de las que se pagan también en Córdoba. Lo primero que hizo la administración del Frente de Todos fue exactamente lo contrario: las bajó. Sin admitirlo públicamente, claro.
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Pero eso es lo que ocurrió con la derogación de la fórmula de la movilidad aprobada por el Congreso en 2017. La de la batalla campal provocada por militantes de izquierda y de facciones afines al actual oficialismo en los alrededores de la sede del Poder Legislativo. La "formula de Macri" sancionada bajo una lluvia de piedras, hubiera generado este año, de haber estado vigente, subas mucho mayores a las habilitadas a discreción por la Casa Rosada.
También generó subas mayores de las que hubieran posibilitado la fórmula anterior o la que que postula ahora la administración de Alberto Fernández. A esa conclusión llegan todos los estudios sobre el tema, como por ejemplo el publicado esta semana por el Ieral.
La nueva fórmula propuesta por el Gobierno nacional para que entre en vigencia en 2021 deja de tener a la inflación como criterio de actualización. Para recomponer jubilaciones se seguirá la evolución de los salarios y de la recaudación impositiva. Parece razonable, más allá de algunas fundadas dudas señaladas por expertos como Rafael Rofman, invesigador del CIPPEC, que apuntan a la opacidad que podría mostrar la nueva fórmula.
Las críticas señalas también a la facilidad con la que los haberes podrían tener nuevos recortes. Por ejemplo, a partir de cambios tributarios que reduzcan la recaudación destinada a la Anses. Otro riesgo de nuevos ajustes serían los acuerdos salariales que incluyan sumas no remunerativas, algo que afecta al Ripte, el indicador que evolucionará en función de los salarios, y que sólo considera lo que es remunerativo.
El mensaje oficial sobre el tema es incongruente. Hay voceros que argumentan que el cambio busca mejorar los ingresos de los jubilados nacionales y, a la vez, darle sustentabilidad al sistema previsional. Dos objetivos contradictorios entre sí.
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En definitiva, gracias a la complejidad del tema, que facilita el camuflaje discursivo, el Gobierno argentino avanza con pragmatismo en otra necesaria política de ajuste del gasto público. Un elemento clave que ayuda a corregir la fallida fórmula de Macri, que obligaba a esfuerzos "impagables", según admitió el Gobierno, es que ahora no hay en la oposición sectores afectos al lanzamiento de piedras y al uso de morteros contra la sede del Poder Legislativo.