Córdoba tuvo esta semana otra muestra de la irracionalidad que envuelve a muchas de las discusiones sobre asuntos económicos en la Argentina. El dato de la actualización de los impuestos provinciales a los inmuebles y a los autos para el año que viene pudo haber pasado como una novedad burocrática de menor importancia.
Pero se transformó en el disparador de quejas y debates dignos de mejores causas. En el fondo, parece haber una incomprensión del flagelo de la inflación que distingue a la decadente economía nacional. Una incomprensión que, a su vez, es funcional al populismo que motiva esa decadencia. Raro de ciertos actores políticos que dicen representar una alternativa al populismo.
El propio gobierno provincial hizo su aporte a la confusión generalizada con una comunicación errática de un asunto que, por su complejidad, rutinariamente es aprovechado por dirigentes y comentaristas afectos a los discursos demagógicos. Tras marchas y contramarchas, el proyecto oficial prevé que los impuestos patrimoniales se ajustarán por debajo de la inflación, con un tope del 49,5% para los inmuebles de mayor valor.
Entonces, por efecto de la inflación, el Estado provincial se encamina a cobrar cada vez menos por esta vía. Mientras tanto, y esto es algo que a muchos que se autoperciben progresistas debería escandalizar, los impuestos más regresivos, los que afectan proporcionalmente más a la población de menores recursos, avanzan como si nada. Y cada vez pesan más.
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Para ampliar este punto, repasemos lo básico: los estados cobran dos tipos de impuestos: los indirectos y los directos. Los impuestos indirectos son aquellos que gravan un porcentaje de las transacciones, como Ingresos Brutos y el de los Sellos.
En cambio, los impuestos directos gravan el patrimonio (el inmobiliario y el automotor) y constituyen un monto fijo que se actualiza de manera anual. En teoría representan un porcentaje del valor del bien gravado.
Los impuestos indirectos representan hoy más del 80% de los ingresos propios de la Provincia de Córdoba. Los directos, en conjunto, apenas algo más del 15%.
De estos datos se deduce que el foco del debate debería dirigirse entonces hacia los impuestos indirectos, que no necesitan ser actualizados, ya que son un porcentaje de las transacciones y, por lo tanto, su recaudación se mueve automáticamente al ritmo de la inflación. Ahí está, cómodo, casi escondido, el 1,5% que se agrega en el resumen de las tarjetas de crédito en concepto de Sellos.
Este tipo de impuestos no sólo son “regresivos” (recaen proporcionalmente más sobre los sectores más humildes) sino que además vienen camuflados en otros precios. Pocos contribuyentes notan que están pagando impuestos así.
En cambio, los impuestos directos, que son un porcentaje del valor del patrimonio, que tiene que ser pagado de manera explícita por el titular del bien en cuestión, son progresivos, es decir, impactan proporcionalmente más sobre quienes más tienen, y resultan mucho más transparentes. La persona es consciente de que lo está pagando. Viene con nombre y apellido. Este tipo de impuesto, al ser un monto fijo anual, se va licuando con la inflación.
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Por todo esto, resulta irracional que la queja recaiga sobre las actualizaciones de los impuestos directos, que son impuestos transparentes y de monto fijo, mientras que los impuestos indirectos, cuyo peso sobre la recaudación provincial es tan grande (va de nuevo: mayor al 80% del total de sus ingresos) y que la gente paga sin notarlos, no despiertan ninguna queja.
Este fenómeno de percepciones distorsionadas, de quejas en el blanco equivocado, no es inocuo. Políticamente favorece al populismo, ya que los gobiernos tienen incentivos para establecer y expandir impuestos como Sellos, Ingresos Brutos o, a nivel nacional, el IVA. Y a las administraciones provinciales se les hace difícil avanzar con impuestos más transparentes y progresivos. El discurso populista premia al que inventa impuestos camuflados. La asfixiante presión fiscal le pasa por al lado sin darse cuenta.
Es un fenómeno íntimamente ligado con el problema de la no actualización de las tarifas de los servicios públicos, uno de los vicios principales del kirchnerismo. Un rasgo central del “modelo K” fue la negativa a sincerar los costos de bienes y servicios regulados o provistos directamente por el Estado: en un contexto de alta inflación, durante años decidió mantener artificialmente “quietas” facturas, boletas, peajes, etc., para lo cual destinó una cantidad creciente de subsidios (con una distribución geográfica muy inequitativa), sostenidos con una emisión que también fue aumentando año a año, que a su vez provocó el previsible efecto de acelerar la inflación. Una trampa de la que la Argentina no logró salir. Una bomba de tiempo cuya explosión sólo se ha postergado.
Quienes se presentan como alternativa al populismo deberían tener claro que las quejas por las actualizaciones de impuestos y tarifas son propias de actores identificados con el kirchnerismo y demás corrientes afines. Por eso resultó contradictorio que legisladores de Juntos por el Cambio exhibieran tanta indignación por un retoque de rigor como el que en principio proyecta el gobierno provincial para el año que viene. Si pretenden que la “suba” de los impuestos patrimoniales sea, por poner un ejemplo, del 15%, cabe preguntarse: ¿en qué país viven?
