Miramos mapas, datos y estadísticas. Hay miles de formas de leerlos. Pero nos podemos detener una curiosidad de tipo institucional que es asomarnos a la comunicación de los gobernantes en la pandemia.
La Argentina tiene un presidente y 24 gobernantes de distrito (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Vayamos al mapa: 20 de ellos (el presidente y 19 gobernadores) formularon en la última semana declaraciones periodísticas, ya sea como entrevista a uno o más medios o conferencia de prensa, sobre las medidas relacionadas con el coronavirus.
Dos lo hicieron por última vez hace unos 10 días.
Y hay tres que no tuvieron contacto con los medios –más allá de mensajes grabados o comunicados por redes– desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
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El formoseño Gildo Insfrán, la santacruceña Alicia Kirchner y el cordobés Juan Schiaretti.
Al norte, al sur y al centro. Las comparaciones sobre la calidad institucional en cada distrito son libres.
Comunicar no es una prerrogativa de los gobernantes sino más bien todo lo contrario, es una de las tantas obligaciones que hacen al cargo.
El cargo público lejos está de ser una carga pública. Es un puesto por el cual hombres y mujeres hacen lo posible e imposible por acceder. Por ende, lejos está de la imposición.
Si la comunicación horizontal (y no la verticalista de un mensaje grabado y editado) es una obligación del gobernante en tiempos corrientes, qué decir de esas épocas de emergencia sin antecedentes.
Malas nuevas
Córdoba padeció en las últimas horas, y con todas las salvedades que implica estas situaciones sin precedentes y con toma de decisiones en minutos, de cierta confusión comunicacional.
El paso atrás en las flexibilizaciones fue transmitido de una manera en la noche del lunes por el ministro de Salud, Diego Cardozo, y con matices diferentes en la mañana de este martes por el de Seguridad, Alfonso Mosquera.
Hasta acá, ambos han sido eficaces transmisores de las decisiones del Gobierno provincial, pero cada cuál en su área.
Pero la decisión importantísima de dar marcha atrás con decisiones tomadas hace solo una semana es una cuestión que supera lo sanitario y lo referido a la seguridad.
Es una fuerte determinación de impacto político, que merece ser comunicada y explicada por aquellos a los que votó la ciudadanía. Un ministro es auxiliar del gobernante, su cargo no es electivo.
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En el caso de la medida reciente que involucra a la ciudad de Córdoba hay cuatro personas que fueron votadas por la gente: el gobernador Juan Schiaretti, el vice Manuel Calvo, el intendente Martín Llaryora y el vice Daniel Passerini.
Nadie quiso, seguramente pensando cada uno en sus carreras políticas, en correr con los costos de dar malas nuevas.
Las recetas de los asesores para ganar elecciones puede que no sean necesariamente, tanto desde la práctica como desde lo ético, en estos tiempos tan singulares.
Pero el manejo comunicacional y político del Gobierno provincial tiene otros misterios.
El gobernador tiene un vocero. Es el secretario de Comunicaciones, Marcos Bovo, quien no vocea ni sin ni con pandemia.
En esta gestión, Schiaretti creó el Ministerio de Coordinación, una especie de Jefatura de Gabinete.
La ministra de Coordinación es Silvina Rivero y tal coordinación parece ser muy puertas para adentro porque sólo tuvo una sola y fugaz aparición desde que se decretó el aislamiento.
Y está más que claro que en los tiempos que corren el silencio no es salud.
