Robos hay muchos. Delincuentes que se desplazan en moto, también. Pero este caso tuvo un desenlace infrecuente.
Todo ocurrió en pocos minutos en los alrededores del hipódromo de barrio Jardín, una de las zonas con mayor movimiento comercial del sur de la ciudad de Córdoba. Bajo amenazas, una mujer sufre el robo de su celular. El ladrón, un joven de 21 años con antecedentes, escapa en moto, pero choca una cuadra más adelante e intenta fugar corriendo.
Cincuenta metros más allá se cruza con el "justiciero", un hombre de unos 45 años cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, que estaba circunstancialmente en esa zona e iba armado. Según su testimonio, al sentirse amenazado por el delincuente en fuga, sacó su arma y disparó al pecho del ladrón, que minutos después terminaría muriendo.
La cuestión es que el hombre que mató al asaltante tenía su Bersa Thunder 380 declarada y la "tenencia" en regla, pero no contaba con el permiso de portación. Esto quiere decir que no podía desplazarse por la calle con el arma lista para ser usada. Debía llevarla siempre descargada.
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La autorización para portar armas es una licencia que muy pocas personas obtienen. Al margen de las fuerzas de seguridad, serían menos de 300 usuarios en todo el país, que entre otras cosas tienen que acreditar las razones por las que se sienten amenazados.
El fiscal Gustavo Dalma decidió imputar al "justiciero" por homicidio en exceso de la legítima defensa y le permitió permanecer en libertad. Esta decisión seguramente será cuestionada en ámbitos judiciales, sobre todo por parte de quienes adscriben a las corrientes autodenominadas "garantistas".
Los familiares del asaltante muerto ya reclamaron en Tribunales información sobre el imputado. Entre otros datos, exigieron conocer su domicilio.